El 25 de mayo se procedió a la entrega y registro en el Congreso y Junta Electoral Central de las más de 700.000 firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por los sindicatos, que pide una renta mínima para cerca de dos millones de personas sin ningún tipo de ingresos y que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza.
Con esta ILP, CCOO y UGT quieren dar una nueva oportunidad al Parlamento, a los partidos políticos para que, tras las elecciones del 26J, cambien el rumbo a las políticas de recortes impuesta en los últimos años, que junto a la crisis han provocado un aumento insostenible del paro, la pobreza y la exclusión social: hay cerca de cinco millones de personas en paro, con una tasa de cobertura por desempleo que solo alcanza al 53% de los parados, y más de dos millones de personas que no perciben ningún tipo de prestación.
Tampoco hay que olvidar que casi 3 de cada 10 personas (el 28,6%) se encuentran en riesgo de exclusión social, según la encuesta de condiciones de vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y que hay más de 719.000 hogares sin ingresos salariales.
Es a esta cruda realidad a la que CCOO y UGT quieren dar respuesta con esta ILP, reforzando la protección social, mediante el establecimiento de una Prestación de Ingresos Mínimos o Renta Mínima, cuya cuantía sería de 426 € mensuales, para aquellas personas que se encuentren sin empleo ni recursos, y que debería complementarse en función de las cargas familiares.
Se trataría de un nuevo derecho subjetivo vinculado a la Seguridad Social (financiado vía Presupuestos Generales del Estado), que resuelva el gravísimo problema de pobreza y de exclusión social de las familias trabajadoras de nuestro país.
Se calcula que cerca de 2.000.000 de hogares (en los que viven 6 millones de personas, de ellos 2 millones son niños) se beneficiarían de esta prestación.