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Portada » CCOO y la abdicación del rey

CCOO y la abdicación del rey

16/06/2014Por HoyTorrelavega4 Minutos de lectura0
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CCOOGuillermo

CCOO hace un llamamiento a la afiliación y a los trabajadores y trabajadoras a participar en las movilizaciones por la reforma constitucional, la regeneración democrática y para poner fin a las políticas de austeridad que están generando un desempleo masivo y el empobrecimiento de la mayoría de la sociedad

Para CCOO, la abdicación de Juan Carlos I es una expresión de la crisis político institucional que se acentúa con la crisis económica y social que padecemos y la gestión que de ella se viene realizando. Gestión que sólo nos ha traído paro, empobrecimiento generalizado y debilitamiento de las redes de protección.

En nuestra opinión, el entramado institucional construido en la transición, que ha deparado décadas de estabilidad democrática, muestra síntomas de agotamiento.

Alguno de estos síntomas los podemos encontrar en la gravedad y extensión de los casos de corrupción que han alcanzado incluso a la familia real; en unas formas de Gobierno autoritarias, que ha tratado a la ciudadanía como si fuese estúpida y que ha tenido uno de los ejemplos más bochornosos en la modificación constitucional al dictado de poderes fácticos; en la desafección ciudadana hacia las instituciones y las formaciones política y sociales «tradicionales», que se venía expresando en encuestas y que en las recientes elecciones europeas se ha traducido en un severo castigo de los grandes partidos que en estas décadas han vertebrado la acción de Gobierno; en el recrudecimiento del debate sobre la organización territorial del Estado; en la eclosión de la movilización social protagonizada por amplios y heterogéneos sectores sociales en los que ha destacado la participación de los jóvenes.

 

En estas condiciones ni se puede plantear la abdicación y el proceso sucesorio iniciado como un recuso para dar cobertura a nuevas medidas de ajuste, tal y como promueven, de nuevo, las instituciones europeas, ni la solución a la crisis institucional se puede pretender limitar a la sucesión en la Corona.

En opinión de CCOO, se debe iniciar un profundo debate social en torno a la conveniencia de reformar la Constitución. Abordar una reforma de la Constitución daría la oportunidad de reforzar su carácter social, suprimiendo la llamada «regla de oro» recogida en el artículo 135 en la reforma exprés de la Carta Magna que pactaron PSOE y PP, que nos obliga a pagar la deuda aunque eso suponga sacrificar los intereses colectivos y garantizando el papel de los servicios públicos y de las redes de protección para avanzar hacia una sociedad más justa.

La reforma de la Constitución debería perseguir la ampliación y profundización en los mecanismos de participación democrática, garantizando la proporcionalidad en los procesos electorales y haciendo más porosas las instituciones a las iniciativas ciudadanas. La reforma de la Constitución es el marco propicio para encontrar una solución al debate territorial. Igualmente la reforma de la constitución ofrece la oportunidad de debatir sobre el modelo de Estado del que se quieran dotar a los ciudadanos y ciudadanas. Una nueva Constitución que debería contar como mínimo con el consenso que alcanzó la de 1978.

CCOO hace un llamamiento al conjunto de las fuerzas sociales y políticas a converger para construir un movimiento amplio en pro de la reforma constitucional, que en todo caso debería ser sometida a la consideración de la ciudadanía.

Ante la abdicación del rey Juan Carlos y el proceso sucesorio, consideramos que estamos ante una expresión de la crisis político institucional en la que estamos inmersos y que lo que corresponde en este momento es levantar un fuerte movimiento a favor de una reforma en profundidad de la Constitución, que renueve, con consensos amplios similares a 1978, los acuerdos básicos que regulan las instituciones y estructura del Estado, entre ellos, claro está, la forma de Estado, refuerce la equidad fiscal, aborde y resuelva el modelo territorial y garantice los derechos y servicios públicos que deben caracterizar el Estado Social.

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