Los ocho miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Torrelavega (PAH) sancionados por participar en un escrache al alcalde, Ildefonso Calderón, están dispuestos a recurrir a la vía judicial si la Delegación del Gobierno en Cantabria insiste en mantener las multas. Los sancionados han registrado hoy nuevas alegaciones, después de que la Delegación rechazara su primer recurso y ratificara las multas.
Estas personas han dejado claro que en ningún caso pagarán las sanciones, ni aceptarán ningún tipo de medida alternativa que suponga el reconocimiento de las mismas. Al contrario, desde la PAH han avanzado que están dispuestos a acudir al contencioso-administrativo, porque consideran que las sanciones son una «maniobra política», que atenta contra la libertad de crítica y movilización de los ciudadanos y que no tienen otro objetivo que coartar las protestas ciudadanas e intentar que la sociedad no saque a la calles su rechazo a las políticas del Gobierno.
Las alegaciones que hoy han presentado en el Registro de Torrelavega inciden en las presentadas hace unos meses, cuando Delegación del Gobierno comunicó multas de 352 euros por manifestarse sin autorización a ocho de la treintena de personas que participaron el 18 de abril en un escrache ante el domicilio del alcalde y ante la sede del PP en Torrelavega. Unas acciones que fueron calificadas de legítimas por un Juzgado de Torrelavega, que desestimó la denuncia presentada por Ildefonso Calderón contra el escrache.
Los sancionados consideran que el Partido Popular pretende, a través de la vía administrativa, castigar lo que los tribunales no les ha permitido sancionar y han considerado como derecho ciudadano. Un argumento que apoyan en otras actitudes que también han denunciado, como el ser «vigilados» por la policía sin tener antecedentes y solo por su participación en protestas sociales.
Según han explicado, en la desestimación de sus alegaciones se hace constar que no se les identificó en el momento del escrache porque sólo estaban presentes tres agentes, pero que fueron identificados posteriormente mediante imágenes en los que la policía reconoció a los ocho sancionados, que incluso tienen asignados «sobrenombres», denuncian desde la PAH.