La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) ha convocado para el próximo jueves, 20 de junio, a las 19.30 horas, una «cacerolada» ante la Delegación del Gobierno en Cantabria, en protesta por las sanciones impuestas a los miembros de Stop-Desahucios que participaron en un escrache frente al domicilio del alcalde de Torrelavega.
Con esta nueva movilización, la PAH reclama la retirada de las sanciones y quiere demostrar que «la política de intimidación» del PP no frenará sus acciones reivindicativas. La plataforma entiende que las multas son una «medida de represión» y un intento de «acallar» a este y a otros muchos colectivos y movimientos sociales que se oponen a las políticas del gobierno. Por eso hacen un llamamiento a participar, el próximo jueves en Santander, en esta cacerolada frente a la Delegación del Gobierno.
Una decena de personas que el pasado 18 de abril participaron en una protesta frente a varias entidades bancarias, la sede del PP en Torrelavega y el domicilio del alcalde de la ciudad, Ildefonso Calderón, han recibido la notificación de la Delegación del Gobierno de que se les han impuesto sanciones administrativas de 352 euros a cada uno, por celebrar una manifestación no autorizada. Los sancionados han sido identificados, explican, a través de las imágenes y fotografías que se tomaron durante el escrache, porque la policía, presente en el lugar, no requirió la documentación a ninguno de los manifestantes.
Los miembros de Stop-Desahucios han recordado que estas sanciones del Delegado del Gobierno, Samuel Ruiz (PP), llegan dos meses después de que el Juzgado desestimara la denuncia presentada por el alcalde por el escrache, valorando el magistrado Fernández de la Vega que la protesta había sido «pacífica» y «legítima», que en ningún momento se habían conculcado los derechos de otras personas y que los políticos deben asumir que va en el cargo el soportar las críticas de los ciudadanos.
La PAH ya ha anunciado que no pagarán las multas, que recurrirán y se defenderán en todos los ámbitos posibles contra lo que entienden como «un castigo político» del PP por una acción de protesta contra uno de sus miembros, queriendo conseguir vía administrativa lo que no logró en los tribunales, porque la Justicia, dicen, dio la razón a quienes ejercieron su derecho a la crítica pacífica.
Numerosos colectivos y organizaciones han mostrado su solidaridad con la PAH (CCOO, IU, ACPT, CNT, CUO, Unión Vecinal de Torrelavega, los trabajadores de Sniace….). Además, ACPT presentará en el próximo pleno de Torrelavega una moción, pidiendo a la Corporación que exija al delegado del Gobierno la retirada de las sanciones.