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Torrelavega concedió el año pasado solo 5 licencias de primera ocupación, un mínimo histórico

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Torrelavega concedió en 2014 únicamente 5 licencias de primera ocupación, un mínimo "histórico" y "nunca visto anteriormente" en el municipio, según el concejal de Urbanismo, José Otto Oyarbide (PSOE), para quien el dato demuestra que la apuesta por las nuevas construcciones "ha caído totalmente por culpa de la crisis y la falta de financiación".

Esas cinco licencias son el único dato negativo de la Memoria Anual de la Gerencia de Urbanismo de Torrelavega que hoy se ha presentado a los miembros de la Gerencia, y en la que destacan las licencias obra mayor y las subvenciones al arreglo de fachadas. Para el concejal de Urbanismo los datos de 2014 son "son realmente positivos".

Según ha dicho, hay que remontarse a 2008, "antes o en el inicio de la crisis", para encontrar cifras mejores en cuanto a número de licencias de obra mayor, que el año pasado fueron 90.

Esa cifra se desglosa en: 25 reformas de locales comerciales, 14 reformas de inmuebles, 12 naves industriales de nueva construcción, 11 obras en instalaciones fabriles, 8 canalizaciones subterráneas, 5 actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas o instalación de ascensores, 4 obras en centros educativos o sanitarios, 3 construcciones de viviendas unifamiliares y 6 actuaciones de otro tipo.

"Tanto en el sector comercial e industrial, como en el residencial durante 2014 se han realizado un buen número de obras, y esa actividad es bastante positiva para la economía de la ciudad", ha señalado Oyarbide.

En cuanto a las subvenciones de fachadas, ha recordado que el equipo de Gobierno amplió de 70.000 a 91.000 euros la partida para esta convocatoria.

"Hemos tenido el tercer mejor dato de los últimos quince años, al conceder 64 subvenciones para la rehabilitación de fachadas, esta cifra solo fue superada en 2004 y 2006, lo cual demuestra que el sector puede mantenerse, en parte, gracias al apoyo institucional, en este caso del Ayuntamiento de Torrelavega", ha asegurado el concejal.

En otro orden de cosas, y dentro de lo más destacado, también se ha dado cuenta de las gestiones realizadas dentro del planeamiento urbanístico local, que además de tener nuevo equipo redactor de la revisión del PGOU ha tenido varias modificaciones puntuales durante 2014.

Entre ellas, Oyarbide ha citado la del área de intervención M-10, la ampliación de usos en la zona de Jardines de la Vega, la modificación para la protección del Monte Dobra y la que está en tramitación para acabar con el "tapón" en la calle Amador de los Ríos.

El comité acusa a Diego de querer acabar con el SERCA para “favorecer a amigos políticos del sector”

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El comité del centro especial de empleo SERCA ha acusado hoy al Gobierno de Cantabria y a su presidente, Ignacio Diego, de haber tomado la "decisión política de quitar de en medio a esta empresa pública para favorecer a amigos políticos del sector" de jardinería. A eso achacan que el Gobierno regional haya denegado a Torrelavega un proyecto del programa Corporaciones Locales que planteaba la contratación de 37 personas en el SERCA durante seis meses.

Los representantes sindicales consideran que los argumentos jurídicos esgrimidos por el Gobierno regional para rechazar el proyecto son excusas para "vestir" los motivos "ideológicos" y "políticos" que han motivado la decisión, que no es otra que llevar a la desaparición del SERCA y la "privatización" de los trabajos que ahora realiza esta empresa pública.

Los portavoces del comité, José Manuel Marañón (CCOO), Santos Ortiz (USO) y Justo San Millán (UGT) han anunciado que los trabajadores "no se van a quedar quietos" ante la postura del Gobierno regional "que está tomando medidas encaminadas a que a medio plazo el SERCA deje de existir como empresa".

Así, los sindicatos con representación en el centro especial de empleo están preparando "una denuncia formal" ante la Unión Europea, que financia el 50% del coste de los programas de Corporaciones Locales. "Les gustará saber que se están utilizando sus fondos para discriminar a personas con discapacidad", un tema con el que los tribunales europeos son especialmente "sensibles", ha dicho.

Además, han anunciado movilizaciones. El próximo martes, 3 de febrero, se celebrará una asamblea de trabajadores para decidir las acciones a tomar, la primera de las cuales tendrá lugar el lunes 9, cuando la plantilla del SERCA se concentrará ante el Parlamento de Cantabria, coincidiendo con el pleno semanal, para que los diputados regionales y el presidente "se enteren" que no van a aceptar de brazos cruzados decisiones que entienden les perjudican.

José Manuel Marañón ha asegurado que la política del Gobierno de Cantabria de no permitir nuevas contrataciones, llevará a que en cinco o seis años el SERCA tenga apenas "30 o 35 trabajadores", frente a los 115 que llegó a tener en 2011 y los 90 actuales. Una plantilla, explica, insuficiente para atender los trabajos que presta el centro especial de empleo y que además empeorará la calidad de los mismos, "para justificar la privatización".

Según los representantes de los trabajadores, las 37 contrataciones solicitadas en el proyecto de Corporaciones Locales, que además se producirían en el periodo de marzo a septiembre, el SERCA podría afrontar sus obligaciones en la campaña de verano, la de mayor actividad.

El argumento empleado por el Gobierno para rechazar esas contrataciones es que el proyecto fue solicitado por el Patronato de Educación, cuyo cometido no es la prestación de obras y servicios, y que utiliza el SERCA como "empresa instrumental" para "subcontratar" los trabajos para los que pide subvención.

Un argumento que para los sindicatos se desmonta desde el momento en que el SERCA "es el 90% del Patronato de Educación" y que los informes del Gobierno de Cantabria les consideran "entidad pública" y a sus trabajadores empleados públicos, y como tal se les ha aplicado las rebajas salariales que ha sufrido el personal de la administración.

A su juicio, las "verdaderas" motivaciones son "razones ideológicas: al Gobierno del PP le molesta que haya una empresa pública que tiene beneficios", y "sospechas políticas: a las empresas del ramo les molesta mucho el SERCA" y el Ejecutivo quiere "quitarla de en medio" para favorecer a "empresarios amigos".

El Ayuntamiento, en la comisión paritaria celebrada hoy, ha informado de la presentación de un recurso jurídico contra los criterios aplicados por el Gobierno de Cantabria para desestimar el proyecto de Torrelavega, al entender que jurídica y técnicamente el proyecto se ajusta a la convocatoria.

Torrelavega presentó proyectos para 240 plazas al convenio Corporaciones Locales 2015, de las que le han sido concedidas 158. En algunos proyectos se ha rebajado el número de contrataciones y otros, como el del SERCA, ha sido rechazado íntegramente.

Los primeros 50 Huertos Urbanos de Torrelavega estarán listos en marzo junto a la Escuela de Minas

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Los primeros 50 Huertos Urbanos de Torrelavega estarán listo en marzo, en una finca de propiedad municipal junto a la Escuela de Minas que será acondicionada no sólo para la producción hortícola, sino como zona de descanso y ocio para fomentar la interrelación entre los usuarios. Los trabajos de acondicionamiento serán realizados por el Ayuntamiento de Torrelavega, con un presupuesto que rondará los 30.000 euros.

La finca elegida, calificada como suelo rústico, está situada junto al campus universitario, con una superficie total de 30.262 metros cuadrados, de los que se utilizarán 5.200 para este proyecto. De ellos, 3.518 los ocuparán las parcelas de cultivo, los espacios de compost y semilleros, mientras que en el resto se acondicionarán caminos, zonas de descanso, aseos, una caseta con taquillas individuales para guardar aperos, vegetación y mobiliario urbano.

El concejal de Medio Ambiente, José Luis Urraca (PSOE), ha explicado que se trata de la primera finca de la "red de huertos sostenibles que se va a crear en Torrelavega" y se barajan nuevos emplazamientos, tanto en espacios municipales como en terrenos particulares.

Los principales beneficiarios del proyecto serán personas en riesgo de exclusión social, que podrán obtener sus propias hortalizas para completar su alimentación y además recibirán formación en horticultura y cultivos, lo que les ofrecerá la posibilidad de insertarse en este campo profesional. El otro colectivo beneficiado serán las personas mayores, que tendrán así una forma de ocio que les hará practicar ejercicio físico al aire libre y les permitirá relacionarse.

Los detalles de la convocatoria, requisitos y características del proyecto se concretarán cuando se publiquen las bases para optar a los 50 huertos ofertados, cada uno de los cuales tiene unas dimensiones de 70 metros cuadrados (10 de largo por 7 de ancho), ha precisado el concejal.

A su juicio, este tipo de iniciativas son muy positivas porque "permiten a los Ayuntamientos en períodos de grave crisis social y económica ofrecer una oportunidad para el aprendizaje, la formación, las relaciones sociales, y la relación con la naturaleza, mejorando la calidad de vida de las personas", con una alimentación saludable, y sin descuidar aspectos como el uso de medios respetuosos con el entorno natural, todo ello mediante la difusión de la agricultura ecológica.

El concejal ha resaltado además el beneficio de tipo ambiental y urbanístico que aportan este tipo de iniciativas, ya que favorecen la regeneración de espacios baldíos a través de la creación de espacios verdes, y la puesta en valor de solares que actualmente carecen de uso o están abandonados.

"Hemos entrado en la recta final de un proyecto del que viene hablándose desde hace años, y que será este equipo de gobierno el que ponga en marcha en marzo", ha asegurado Urraca.

El proyecto respeta además el carácter rústico de la finca y la temporalidad del uso del terreno, de forma que todos los elementos serán movibles y transportables y los cerramientos se realizarán mediante vallas y plantas aromáticas y rosales, que no solo servirán de ornamento sino que tienen una función en la agricultura ecológica.

Complementan el proyecto dos zonas de esparcimiento y descanso, con bancos y especies arbóreas que generen sombra en días calurosos. El equipamiento también incluye 7 tomas de agua comunitarias y un aparcabicis de madera para fomentar la movilidad sostenible.

La familia de Alberto, un joven con síndrome de Duchenne, pide medidas contra el conductor de autobús que le gritó “inútil”

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"Eres un inútil. ¿Cuántas veces tengo que decirte que pulses el botón de parada? Esto no es una guardería". La familia de Alberto denuncia que estas fueron algunas de las frases que gritó el conductor de un autobús urbano de Torrelavega a este joven minusválido, al que su enfermedad limita la capacidad de movimiento hasta impedirle el simple gesto de pulsar el timbre para avisar de su parada.

Desde el pasado 16 de diciembre, las palabras y los gestos que el conductor del Torrebus dedicó a Alberto, indignan a la familia de este joven de 19 años que padece distrofia muscular de Duchenne, un trastorno neurodegenerativo que afecta de forma grave y progresiva a la musculatura de todo el cuerpo y posteriormente a otros órganos, disminuyendo la esperanza de vida de los enfermos.

El episodio ha creado ansiedad a Alberto, que teme que le vuelva a ocurrir algo parecido, y mucha preocupación a la familia que exige, lo primero "disculpas por el trato vejatorio" que sufrió el chico, y después medidas para garantizar que algo similar no vuelva a ocurrir.

"Yo no quiero que vuelva a suceder, ni con mi sobrino, ni con una persona mayor, ni con alguien que viaje con un carrito de bebé..., con nadie", explica a HoyTorrelavega Laura Jiménez, tía de Alberto. Está, sobre todo, "indignada porque nadie tome medidas" ante el comportamiento de ese conductor de autobús, que , subraya,fue recriminado por los propios viajeros que presenciaron el incidente.

Y es que Laura incide en que, lejos de disculparse, cuando los viajeros y el padre de Alberto, que como hace siempre le esperaba en la parada de El Poblado, afearon el comportamiento y le pidieron más educación, el conductor espetó que "yo no estoy de niñera de nadie".

Hace 15 días, cuando otro familiar acompañó al chico y advirtió al mismo conductor que se bajaba en El Poblado pero que no podía tocar el timbre, el empleado del Torrebus "volvió a protestar" y a insistir en que pulsara el botón. El familiar del muchacho, le dijo al conductor: "lo único que te deseo es que no tengas nunca un minusválido en la familia y le traten como tú estás haciendo", explica la tia de Alberto.

El padre presentó en Comisaría una denuncia contra el conductor el mismo día en que ocurrieron los hechos, pero fue archivada. Después fueron a las oficinas del Torrebus para exigir explicaciones, sin que ningún responsable de la empresa quisiera hablar con ellos, lamentan. Tampoco salieron más aliviados tras hablar con el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Torrelavega, Pedro Aguirre, que según Laura "nos dijo que estaba enterado de lo ocurrido, pero echó balones fuera".

Según relata, el 16 de diciembre por la tarde, ella y su madre acompañaron a Alberto a tomar el autobús de la Línea 2 en la parada de la Pequeñeces. El joven hace el trayecto habitualmente y "siempre, siempre", recalca su tía, hay alguien que le acompaña al subir al autobús y otra persona que le espera en la parada.

Ese día, cuando la abuela del niño subió a pagar el billete y pedir que bajasen la rampa para que accediera un niño minusválido, el conductor "ya puso mala cara" y después de esperar a que entraran todos los viajeros lo hizo pero con "malos modales", "cerrando después las puertas bajo la rampa" y arrancando "sin esperar a que el niño se colocase en su sitio", con lo que "nos quedamos con miedo a que volcase al tomar la curva", afirma.

Cuando el autobús llegó a la parada frente al Puente de Los Italianos, abrió las puertas para que descendieran varios pasajeros pero no bajó la rampa. Según cuenta la familia fueron los viajeros los que pidieron que lo hiciera para que el chico pudiese bajar, ante lo que el conductor se levantó y fue hacia la puerta trasera "chillando" al padre de Alberto, que le esperaba en la parada, que "le había repetido tres veces cómo tenía que apretar el botón" y gritando "eres un inútil".

La reacción del padre fue pedir "más educación" y recordarle que era un minusválido y no podía pulsar el timbre, a lo que el empleado del Torrebus respondió que él no era ninguna "niñera" y se enfrentó con un gesto "hostil", detalla Laura. De nuevo, los viajeros recriminaron la conducta. "Una señora le llegó a decir que hiciera el favor de callarse y ponerse a conducir, que bastante había hecho ya", afirma la tía del joven.

Ante todo esto, la familia exige explicaciones, sin entender un comportamiento que nada tiene que ver con el proceder habitual de los conductores de los autobuses urbanos. Aseguran que el resto de conductores tienen un trato afable y actúan correctamente, entendiendo perfectamente la situación y haciendo lo posible para que Alberto viaje con comodidad.

Al enfado por el trato que sufrió Alberto, por el simple hecho de estar en una silla de ruedas y que el síndrome de Duchenne le impida lo que para la mayoría de personas es un sencillo gesto, se suma la impotencia porque "nadie, ni la empresa ni el Ayuntamiento" se hayan puesto en contacto con ellos".

Eso ha motivado que hayan denunciado el caso en las redes sociales y en la plataforma "Chance.org", donde recogen firmas para pedir medidas contra el conductor. "Yo no pido que lo despidan, porque también soy una trabajadora y se lo que me supondría perder mi empleo, pero quiero una disculpa y si le sancionan con unos días de empleo y sueldo también me alegraría, para que no vuelva a hacerlo", asegura Laura a HoyTorrelavega. "No queremos venganza, queremos justicia", insiste.

HoyTorrelavega se ha puesto en contacto con el concejal de Movilidad, Pedro Aguirre, para conocer su versión de los hechos. Según ha explicado, tras tener noticia del incidente se ha pedido a la empresa del Torrebus que aclare el episodio, insistiendo en que "lamentamos que haya ocurrido eso, no nos gusta".

Aguirre afirma que es "el primer caso de este tipo del que tenemos constancia", e insiste en que se trata de un "hecho aislado", que no tiene nada que ver con la conducta "en general" de los empleados del transporte urbano. En cualquier caso, cree que antes de considerar si hay que abrir un expediente es necesario "verificar y esclarecer" los hechos, para lo que espera tener en los próximos días el informe de la empresa."Somos los primeros interesados en velar por el servicio que se presta en el transporte urbano de Torrelavega", asegura el concejal de Movilidad.

HT también se ha dirigido a la empresa del Torrebus pero la compañía ha declinado hacer declaraciones ni valorar las acusaciones de la familia de Alberto. 

La PAH de Torrelavega entrega al Banco Santander 750 firmas reclamando la dación en pago

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La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Torrelavega ha entregado al Banco Santander 750 firmas reclamando la dación en pago. Integrantes de la PAH ocuparon la oficina central del Santander en la capital del Besaya y dieron al responsable de la entidad las firmas de ciudadanos que respaldan la petición de que la entrega de la vivienda salde la deuda hipotecaria.

La acción de la PAH se desarrolló este lunes por la mañana sin incidentes. Los miembros de la plataforma desplegaron primero en el exterior de la entidad y después en el interior de la oficina sendas pancartas con los lemas "Ni casa sin gente, ni gente sin casa" y "Estamos contigo. Stop desahucios. Sí se puede".

Además, durante la ocupación corearon diferentes lemas en contra de los desahucios y a favor de la dación en pago. Aunque agentes de la policía nacional vigilaron la zona, no intervinieron, y los integrantes de la PAH abandonaron voluntariamente la oficina bancaria tras cumplir su objetivo de entregar las firmas.

El proyecto de urbanización del vial entre la iglesia de Campuzano y el Bulevar Ronda se licita en 298.628 euros

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El Boletín Oficial de Cantabria ha publicado hoy el anuncio de licitación, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la ejecución de la obra de urbanización y mejora del vial existente en Campuzano, entre la Iglesia de San Miguel Arcángel y el Bulevar Ronda, con un presupuesto de 298.628 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

El concejal de Obras y Barrios, Pedro García Carmona (PRC), ha señalado que se trata de "un proyecto prioritario" para el actual equipo de Gobierno de Torrelavega para "dar respuesta a una vieja demanda vecinal". La intención, ha dicho, es que las obras comiencen "de manera inmediata" una vez se adjudiquen los trabajos. Tras la publicación en el BOC, las empresas interesadas tienen un plazo de 26 días para presentar sus ofertas.

Según ha detallado, el proyecto prevé la ampliación del actual vial existente hasta los 6 metros de anchura, la habilitación de dos carriles, y la construcción de una acera de 1,5 metros de ancho a ambos lados de la calzada. De esta manera, este vial ahora "estrecho, sin aceras y poca visibilidad", se transformará en una carretera donde la "seguridad" de peatones y conductores "está garantizada", ha dicho García Carmona.

Además, ha añadido, esta actuación permitirá dar "continuidad" a la urbanización del entorno de la iglesia y "dar un paso más" para conseguir "mejorar" las infraestructuras de Campuzano.

IU lamenta que el Ayuntamiento “abandone” el servicio de orientación jurídica para ahorrarse 13.000 “irrisorios” euros

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Izquierda Unida de Torrelavega considera "injustificable" que el Ayuntamiento de Torrelavega deje de prestar el Servicio de Orientación Jurídica, que en los últimos años ha llegado, según sus datos, a casi 3.000 usuarios y que desde hoy lunes ya no funciona. Critican que los recortes en los servicios que presta la administración estén afectando a las personas con menos medios.

"Es lamentable que por ahorrarse una cifra irrisoria como son 13.000 euros, cientos de vecinos de Torrelavega dejen de tener este servicio y tengan que recurrir, si es que se lo pueden permitir, a pagarlo o a desplazarse a otros Ayuntamientos donde siguen prestándolo", señalan desde IU.

Recuerdan que este servicio lo imparte el colegio oficial de abogados, subvencionado por algunos ayuntamientos. En concreto en Cantabria seguirán impartiendo el asesoramiento legal a sus ciudadanos en Santander, Castro Urdiales, Santoña y Laredo.

"Según hemos podido averiguar, en Torrelavega en los últimos años el número de usuarios ha llegado casi a 3.000 personas, e insistimos en que la mayoría son ciudadanos con pocos recursos, que acuden a realizar consultas legales de todo tipo como pueden ser divorcios, deudas, herencias, tramitaciones administrativas, etc.", apuntan desde IU.

Por todo ello, la formación ha instado a los responsables municipales a "recapacitar y prorrogar" este servicio, que se presta a "tantos vecinos de Torrelavega que lo requieren".

Las críticas de IU se suman a las prestadas por otras formaciones políticas de Torrelavega y a las de la Agrupación de Abogados Independientes ABINCA, que ha lamentado la pérdida del Servicio de Orientación Jurídica de Torrelavega y ha mostrado su deseo de que "no llegue a desaparecer de forma permanente", instando a las autoridades municipales a renovar el convenio y no retirar la subvención que permitía su prestación.

El portavoz de ABINCA, Francisco Fernández Núñez, ha explicado que este servicio venía siendo prestado por más de medio centenar de letrados del Colegio de Abogados de Cantabria, lo que permitía resolver cualquier problema jurídico y, de forma especial, tramitar las solicitudes de justicia gratuita.

A su juicio, la importancia social de este servicio "residía en que la mayoría de sus usuarios eran personas en situaciones personales muy difíciles relacionadas con embargos, desahucios, violencia de género o crisis familiares".

PSOE, PRC y ACPT denuncian ante el Gobierno de Cantabria la “ilegalidad” de las contrataciones de Corporaciones Locales

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Los portavoces municipales de PSOE, PRC y ACPT, han refrendado hoy, en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Torrelavega un escrito dirigido al Gobierno de Cantabria y al Servicio Cántabro de Empleo, denunciando la "ilegalidad" de los criterios de selección del programa de Corporaciones Locales en algunos municipios, que han otorgado una puntuación adicional a sus empadronados.

Por su parte, el PP se ha desmarcado, asegurando que respeta que otras localidades hayan primado en la selección a los desempleados empadronados en sus municipios, y afirmando que la denuncia puede dar lugar a un "empeoramiento de las relaciones institucionales" de Torrelavega con otros ayuntamientos.

La Junta de Portavoces, presidida por la alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón (PSOE), ha decidido a la vista de los informes jurídicos realizados por los técnicos municipales, ha acordado pedir al Gobierno de Cantabria que controle la legalidad de las contrataciones a cargo al convenio INEM-Corporaciones Locales.

PSOE, PRC y ACPT entienden que "no se puede permitir que ningún ayuntamiento cometa una ilegalidad" que vulnera los principios constitucionales de "igualdad, mérito y capacidad" en el acceso al empleo público, y consideran que los criterios de selección aplicados por algunos municipios "discrimina y perjudica claramente" a los empadronados en Torrelavega, donde no se valoró dicha condición.

En el escrito el Ayuntamiento solicita al Servicio Cántabro de Empleo "que controle la adecuación al ordenamiento jurídico de las bases aprobadas por los ayuntamientos para la contratación de dichas personas desempleadas, en particular en lo relativo a la exigencia del empadronamiento como mérito y/o requisito, al no ajustarse a los principios constitucionales de mérito y capacidad en el acceso al empleo público".

En el mismo documento se explica que la Comunidad Autónoma, en este caso el Gobierno de Cantabria, "no solo debe limitarse a convocar y resolver los procedimientos de concesión de subvenciones, sino que como administración otorgante de las mismas también debe velar por el cumplimiento de la legalidad en los procesos de contratación de personal".

Asimismo, se apunta que la Ley de Bases de Régimen Local habilita a las Comunidades Autónomas a realizar un control de legalidad de los actos y acuerdos adoptados por las corporaciones locales.

"Este escrito pretende la defensa de las personas desempleadas, empadronadas en Torrelavega, que se ven perjudicadas respecto a las posibilidades de encontrar trabajo en otros ayuntamientos de la región, ha dicho Ruiz Salmón.

"No me parece razonable ni entiendo la postura del PP que, una vez más, en vez de defender los intereses de los ciudadanos de Torrelavega, prefiere quedarse callado y quieto, y no decir nada ni reclamar ante su gobierno regional, en este caso el Servicio Cántabro de Empleo", ha añadido la alcaldesa.

También el primer teniente de alcalde y portavoz regionalista, Pedro García Carmona, se ha pronunciado en este sentido. "Apoyamos este escrito porque es un aval para que el Ayuntamiento de Torrelavega defienda, en plan de igualdad, los intereses de sus ciudadanos frente a los del resto de la comunidad autónoma", ha afirmado.

A su juicio, "no puede haber bajo ningún concepto discriminación porque los ciudadanos estén empadronados en unos municipios o en otros, es un principio de igualdad básico en un estado democrático, y desde luego, el Ayuntamiento de Torrelavega, y este equipo de gobierno, tiene que defender a los ciudadanos de Torrelavega".

De acuerdo a la forma en que se está realizando el proceso de selección para los contratos de Corporaciones Locales, personas de otros municipios podrían optar a las plazas ofertadas en Torrelavega en igualdad de condiciones con los empadronados, mientras que si algún torrelaveguense aspira a las plazas de ciertos ayuntamientos concurriría en desventaja, ya que por ejemplo ayuntamientos como Piélagos añaden 10 puntos a los empadronados, Astillero 8 o Camargo 5.

Por su parte, el PP acusa a PSOE y PRC de no haber defendido a los parados de Torrelavega en el proceso de selección para cubrir las plazas disponibles en los proyectos de empleo público de Corporaciones Locales, a diferencia de lo que han hecho otros ayuntamientos "que sí han hecho lo posible para contratar, dentro de la legalidad, a los desempleados empadronados en sus municipios".

La concejal del PP, María Luisa Peón, ha afirmado que "un gran número de Ayuntamientos de Cantabria han puntuado el estar empadronado en el municipio como uno de los criterios para para realizar la selección de personal en esta convocatoria de empleo público, siguiendo un proceder que ha contado con el informe favorable de los técnicos municipales de cada uno de estos ayuntamientos".

Sin embargo, critica que en Torrelavega el equipo de gobierno no se haya "preocupado por defender" el criterio de dar más puntos a los parados empadronados en el municipio y ahora "se echan las manos a la cabeza y nos vienen con un escrito exigiendo la intervención del Gobierno de Cantabria a toro pasado en un problema interno del Ayuntamiento".

Por ese motivo, ha dicho que el PP, como ya había anunciado, "no va a suscribir este documento y tampoco va a fomentar una guerra con los demás ayuntamientos de Cantabria que puede volverse en contra de los desempleados que ya han sido seleccionados tanto en Torrelavega, como en otros lugares de nuestra región".
Además, Peón no cree que sea misión del Servicio Cántabro de Empleo "vigilar los criterios de valoración utilizados por cada uno de los Ayuntamiento para seleccionar a los desempleados".

Los vecinos de La Turbera dicen que con las últimas lluvias la situación de sus casas es insostenible

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Los vecinos del barrio de La Turbera, afectados por filtraciones de agua en sus viviendas, denuncian que las lluvias de estos días han hecho subir el nivel y bajo sus casas hay "una balsa de agua", que vuelve a salir "por donde se había quitado" y con la que conviven "gente mayor, enferma y niños, rodeados de humedades, fríos y con catarros permanentes".

La portavoz de los vecinos, Mónica García ha denunciado hoy "la situación de desesperación, dejadez, e insalubridad" en la que se encuentran los propietarios de este barrio de Torres, que siguen "luchando contra un muro, porque el Ayuntamiento de Torrelavega no quiere ayudarnos, ni siquiera se preocupa como estamos".

Mientras el equipo de Gobierno sostiene que los técnicos municipales han informado que el Ayuntamiento no tiene competencias para ejecutar las obras para subsanar las filtraciones y su intervención sería "ilegal", los vecinos de La Turbera apoyan las tesis del PP, que insiste en que el Consistorio debe realizar los trabajos y después determinar a quién competen.

"El Ayuntamiento nos echa la culpa de que vivamos así y nos dice que supuestamente lo que tenemos que hacer es denunciar pero ¿a quién?", y se lamentad de que ni los propios concejales sepan "a quién" deben denunciar los vecinos de La Turbera, señala su portavoz.

García asegura que se sienten "sin ayuda ninguna", porque hasta una "simple limpieza" que se ha pedido al Ayuntamiento "no nos la quieren conceder, ni siquiera intentan aliviarnos". Los afectados aseguran que necesitan "con urgencia" que las obras "comiencen" y que dejen "de decirnos no y nos den la esperanza que tanto necesitamos".

Así, los propietarios de La Turbera aseguran que solo quieren "poder volver a vivir como hasta hace unos cuatro años" y "sobre todo volver a tener la tranquilidad de que nuestras casas están perfecta y el agua solo ha sido una mala época que la hemos superado", sin embargo "mientras tanto el agua sigue viviendo con nosotros, atemorizándonos cada día".