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Torrelavega

El cuidador del Asilo condenado por abusos sexuales a un discapacitado mental recurre por vulnerar su “presunción de inocencia”

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El cuidador de la Fundación Asilo San José de Torrelavega, condenado a un año de prisión por un delito de abusos sexuales contra un chico con discapacidad mental severa, ha recurrido la sentencia, argumentando que se ha vulnerado su presunción de inocencia y que no hay indicios suficientes del delito, salvo la declaración de la profesora del centro que sorprendió los hechos.

En el recurso ante el Juzgado de lo Penal Número 4 de Santander, el cuidador condenado, con antecedentes penales, asegura que "no existe acreditación alguna objetiva u objetivable que pruebe las acusaciones de la denunciante y "única testigos de los supuestos hechos".

El escrito, al que ha tenido acceso HoyTorrelavega, insiste en restar veracidad a la declaración de la profesora que, según ratificó el juez en la sentencia, sorprendió al condenado practicando una felación y masturbando al joven, que en el momento de los hechos tenía 24 años y una discapacidad del 79% que le impide hablar y valerse por sí mismo.

En cambio, la defensa del cuidador insiste en primar los testimonios de la Fundación San José, y en concreto del director del centro y de la vicepresidenta de la Fundación Asilo, Mercedes Izarraga, además de un neuropsiquiatra adscrito al Fernando Arce. Del mismo modo, pone en cuestión los testimonios de la profesora denunciante y de la familia de la víctima, porque en algunas declaraciones hablan de felación y en otras de masturbación, lo que para el recurrente resta valor a sus testimonios.

Por todo ello, el cuidador condenado pide que se revoque la sentencia que le condena a un año de prisión e inhabilitación para su trabajo y a indemnizar a la víctima con 3.000 euros –declarando responsable civil subsidiario a la Fundación Asilo-, o que al menos se aplique el atenuante de reparación del daño causado al haber pagado en 2013 la fianza impuesta por el juez.

La sentencia del Juzgado de lo Penal Número 4 de Santander recurrida es la segunda condenatoria que recibe el cuidador por ese delito de abusos sexuales. La Audiencia de Cantabria anuló el primer juicio, en el que se condenó al cuidador a dos años de prisión, por un defecto de forma -dilación indebida- en el proceso.

El recurso ahora presentado alega que la denunciante tardó 8 días comunicar los hechos a la institución y que solo lo hizo cuando el director del Colegio Fernando Arce la requirió para que explicase "los rumores que se estaban extendiendo por el patio", además de recordar las "contradicciones" detectadas en sus declaraciones ente el juez, por ejemplo sobre si los horarios de la testigo y el condenado coincidían.

Además, el recurrente señala que la única prueba de cargo es la declaración de la profesora –el joven discapacitado tiene "una incapacidad total de comunicación", como ratifican los expertos-, sin que haya otras pruebas directas, como "lesiones, signos externos, restos de ADN, etc.".

En el escrito al Juzgado, también se afirma que la profesora y única testigo tenía "razones espurias suficientes" para mantener la denuncia y su versión de los hechos, como era la de "mantener su posición ante la amenaza de despido" por parte de la Fundación Asilo.

Incluso se reprocha al juez que haga "encaje de bolillos" y muestre una "ausencia de incredibilidad subjetiva", y haya "preferido creerse una versión de novela" de la profesora que, recuerda, es la "única declaración inculpatoria". Por el contrario, el argumentan que el juez no tiene en cuenta los testimonios de profesionales médicos, uno de ellos el mencionado adscrito a la Fundación Asilo, que afirman que el acusado "presenta una sexualidad aparentemente satisfactoria" y que no ha padecido ningún tipo de anomalía de la personalidad, mientras que el discapacitado sí había tenido comportamientos anteriores como el objeto de la denuncia contra el cuidador.

La familia de la víctima ha remitido una carta al Papa Francisco pidiendo amparo al Pontífice ante la "injusticia" que a su juicio ha cometido la Fundación Asilo San José y su presidente, el sacerdote Luis Ormazabal, al posicionarse en todo momento "con el delincuente" en el proceso judicial.

El padre del joven, en la carta al Papa, acusa a la institución religiosa de "haber actuado desde su más alta instancia para evitar que algunos testigos pudieran declarar amenazándoles con perder su puesto de trabajo, algo que finalmente les sucedió a quienes desoyeron tan injustas instrucciones", y de haber presionado a la familia para que guardara silencio ante los hechos.

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