La Renta Social Básica
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- Publicado el Jueves, 05 Junio 2014
- Escrito por Cecilia Gutiérrez Lázaro. (Secretaria de UGT-Besaya)
El proceso de degradación económica y sus consecuencia entre la clase asalariada de nuestro país a resultas de la crisis viene ocupando páginas y más páginas de reflexión en todos los medios de comunicación desde hace años. La actualidad en nuestra comunidad autónoma se ha centrado en los últimos días en el grupo más desfavorecido de entre los que sufren sus consecuencias, es decir, el que está conformado por aquellos y aquellas que tienen que acudir a la última red de protección social para sobrevivir: la Renta Social Básica.
El debate sobre la regulación de esta ayuda ha ocupado un lugar importante en las discusiones sindicales sobre protección social en España y en el conjunto de la Unión Europea desde los años 80. Ya en 1988 la UGT reivindicó la implantación de un sistema de rentas mínimas para aquellos ciudadanos y ciudadanas que se enfrentaran a situaciones de necesidad extrema. Una reivindicación que quedó ratificada con la firma junto a CCOO del documento "Propuesta Sindical Prioritaria" en 1989 en el que fue contemplada.
Desde aquella lejana fecha, en la UGT hemos abogado constantemente porque la regulación de la Renta Social Básica se produzca en un marco legal de orden estatal que evite desequilibrios entre territorios y garantice la igualdad de trato a todos sus beneficiarios. Que contemple el cobro de esta ayuda de manera indefinida en tanto en cuanto persista la situación que genere el derecho. Que el nivel de recursos para acceder a la prestación sea lo más similar posible entre territorios. Que las cuantías a percibir se establezcan teniendo en cuenta una asistencia adecuada a las necesidades básicas de reproducción biológica y social. Y que la edad mínima de acceso sea 18 años de edad.
Frente a ello nos encontramos con un marco autonómico que genera desigualdad en cuanto a condiciones de acceso (70% del Salario Mínimo en Andalucía, Valencia o Madrid o 75% del IPREM en Murcia u 80% Castilla-León); a la cuantía de la ayuda (Andalucía 62% del Salario Mínimo SMI, Murcia y Castilla-León 75% del IPREM) y a su duración, entre otras diferencias. El desorden alcanza, incluso, al nombre que recibe según las comunidades: Ingreso Mínimo de Solidaridad en Andalucía, Renta Mínima de Inserción en Madrid o Renta Garantizada de Ciudadanía en la Comunidad Valenciana.
En Cantabria se ha contribuido a esa ceremonia de la confusión y a la desigualdad generada entre autonomías. Las condiciones que regulan la Renta Social Básica cántabra son peores que en la mayoría de los casos señalados y están sometidas a un exceso de burocracia que genera situaciones intolerables. Ejemplo significativo del modo en que el burocratismo afecta negativamente a la norma le encontramos en los procesos de renovación de la ayuda como se ha denunciado recientemente desde diferentes instancias.
La obligación de "resolicitar" tras dos años de prestación, ¡decimos bien!, puesto que hay que repetir todos los pasos exigidos para la primera solicitud si se tiene necesidad de renovar, sitúa a los beneficiarios de la Renta Social Básica en nuestra comunidad en un claro riesgo de desamparo en el tiempo de tramitación que va desde la fecha de extinción de la ayuda a su renovación puesto que se pueden encontrar sin ingresos en ese intervalo y sufrir consecuencias colaterales graves a consecuencia de ello.
Y no se trata en esta situación de cuantificar el número de posibles afectados ni de afirmar como ha hecho público el ICASS en su web que se ha reforzado el personal al servicio de la sección de prestaciones para evitar ese posible desamparo. Ni tan siquiera de ser resuelta con parches desde los ayuntamientos por muy loable que sea la iniciativa adoptada, adelantando las cuantías como ha propuesto el Ayuntamiento de Santander o incrementando las partidas de ayudas municipales como se ha hecho en el de Torrelavega, porque mientras no se articule un modelo con capacidad para evitar esos riesgos y otros que puedan surgir no resolveremos nada con garantías de que no vuelva a suceder.
En estas circunstancias la reclamación de la UGT de que esta ayuda sea regulada en el sentido que proponemos desde hace décadas gana en actualidad e importancia, más teniendo en cuenta la profundidad y los años que pesan de crisis sobre las familias. Es necesario un acuerdo de carácter estatal para resolver adecuadamente el modelo a seguir en un marco más amplio de refuerzo de políticas concretas en materias como la vivienda o la formación profesional para quienes se hallen afectados por procesos de exclusión; de mejora de las cuantías de las prestaciones del sistema de protección social en su conjunto y racionalización de la actual maraña de requisitos para el acceso a las prestaciones.
La decidida apuesta por la austeridad manifestada por los gobiernos del PP a nivel estatal y regional en cada una de sus decisiones políticas pone en tela de juicio la solidaridad social y augura el rechazo a cualquier tipo de propuesta que hagamos en el sentido que hemos señalado. Somos conscientes de ello, como lo somos de todas y cada una de las agresiones cometidas contra nuestro exiguo Estado del Bienestar en sus años de gobierno pero, también, somos conscientes de nuestra fortaleza en la lucha por alcanzar un ejercicio mayor y mejor de Solidaridad Social.