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El Gobierno inicia la segunda fase de regeneración del Alto del Cuco con una inversión de 1,9 millones de euros

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El Gobierno de Cantabria ha comenzado la segunda fase de la ejecución de la sentencia de demolición del Alto del Cuco, destinada a la restauración y rehabilitación ambiental de la zona hacia una ladera "lo más naturalizada posible". El proyecto cuenta con una inversión de más de 1,9 millones de euros y un plazo de ejecución de tres años, tras el que tendrá continuidad la vigilancia ambiental.

 

La vicepresidenta y consejera Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, ha visitado hoy el inicio de los trabajos, junto a la alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio; el director general de Urbanismo, Francisco González; el director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, miembros de la Corporación; y el presidente y el secretario de ARCA, Adán Musi y Carlos García.

Esta segunda fase supone dar cumplimiento al compromiso del Gobierno de "volver a poner la ladera lo más parecida posible a como era" tras "una de las mayores aberraciones urbanísticas habidas en Cantabria", mediante la regeneración ecológica y paisajística de todo el ámbito de actuación.

Díaz Tezanos ha recordado que el Gobierno de Cantabria tuvo que asumir, frente al anterior Ejecutivo del PP, la ejecución de una sentencia que contemplaba el derribo de 214 viviendas declaradas ilegales de las más de 400 que estaban proyectadas. En 2015, ha añadido, "nos encontramos numerosos requerimientos judiciales" y "teníamos la clara voluntad de respetar y ejecutar esa sentencia". El Gobierno de Cantabria ahora está resolviendo una situación provocada por "una irresponsable e ilegal actuación urbanística del Ayuntamiento de Piélagos gobernado por el PP en la pasada legislatura y apoyado por el Gobierno regional también del PP hasta 2015".

La vicepresidenta ha destacado el "papel importante" del Ayuntamiento de Piélagos a la hora de retomar el acuerdo suscrito en 2013 mediante el que el Gobierno regional adelanta los gastos de demolición y regeneración.

A este respecto, la alcaldesa ha destacado la importancia de la aportación del Gobierno para la regeneración del entorno, subrayando que sin su ayuda el Ayuntamiento no hubiera podido afrontar la ejecución de la sentencia. Además, ha señalado que el Ayuntamiento ya está devolviendo al Ejecutivo el dinero adelantado, cumpliendo con lo pactado en el convenio.

Samperio ha recordado que la zona necesitará de un constante seguimiento para preservar y conservar el patrimonio natural. Los trabajos, ha apuntado, devolverán al monte a un buen estado pero la "aberración urbanística" no permitirá que vuelva a recuperar el aspecto y condiciones previas al inicio de las construcciones.

El secretario de ARCA ha manifestado su "apoyo total y colaboración con el Gobierno" en una actuación que marca un "hito", no solo por el derribo de las edificaciones sino por la solución adoptada para llevar a cabo la restauración. ARCA y el Ejecutivo, han llegado a la solución de "acercarse lo más posible al estado natural frente a la propuesta de Gobierno anterior de dejar las terrazas como estaban y hacer un parque lineal", una solución, "demasiado urbana y no propia del entorno de los montes Tolío y Picota".