Los partidos de la oposición coinciden en pedir responsabilidades al Gobierno de Cantabria por la situación de la planta de cloro de Solvay y el incierto futuro del centenar de empleos, entre directos e indirectos, que dependen de ella. Tras la negativa del Ejecutivo regional a la moratoria de dos años solicitadas por Solvay, la planta de electrolisis deberá dejar de producir a partir del 11 de diciembre, cuando entra vigor la prohibición europea sobre el uso del mercurio en el proceso de producción de cloro.
El PP ha calificado de «lamentable» la «inacción» del Gobierno de Cantabria «durante dos años», desde que se anunció la fecha de entrada de la prohibición europea y piden al Ejecutivo regional que «asuma de manera inmediata su responsabilidad» en el cierre de la planta de cloro de Solvay.
El presidente regional «no se ha interesado lo más mínimo por el destino de cien trabajadores» que dependen de la planta. Del mismo modo ha criticado la actuación de la consejera de Medio Ambiente y el «papelón» del consejero de Industria.
Mientras, Podemos ha solicitado la comparecencia del director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, y de la vicepresidenta, Rosa Eva Díaz Tezanos, a los que consideran los «responsables últimos» de la situación en la que se encuentra ahora la planta de cloro de Solvay.
La formación morada cree que la actuación de la Dirección General de Medio Ambiente en este asunto «no solo ha sido chapucera, sino que ha rozado la prevaricación al empecinarse en conceder una prórroga a sabiendas de que era ilegal». A partir de diciembre, estará prohibida la utilización de la técnica de mercurio, «sustancia que no sólo perjudica seriamente la calidad ambiental en la ría de San Martín sino que se encuentra entre las 10 más letales para la salud humana, según la OMS (Organización Mundial de la Salud)», destaca Podemos.
Por su parte, Ciudadanos reclama al Gobierno regional que «aclare qué alternativas tiene para Solvay» y ha anunciado que trasladará este asunto al pleno del Parlamento. «Es importante encontrar alternativas antes de dejar a más de cien personas en la calle», han manifestado, recordando que «esta noticia pone en entredicho la inversión anunciada por la empresa portuguesa CUF para adquirir esta planta y realizar las oportunas inversiones en la misma».
El Gobierno de Cantabria «debe intentar, al menos, mantener los más de cien puestos de trabajo que en estos momentos están en el aire en Solvay», subraya la formación naranja.
También Izquierda Unida ha pedido la dimisión de los consejeros de Industria y de Medio Ambiente por su «lamentable actuación» en la «crisis de Solvay», que supone «un nuevo ataque a los trabajadores» a los que deja en una «incertidumbre dramática».
«Hace meses que avisamos al Gobierno de su irresponsabilidad a la hora de abordar la situación de Solvay, con falsos visos de prórrogas que claramente eran ilegales», desoyendo a quienes desde el mundo político, sindical o medioambiental «veníamos advirtiendo de que se estaban equivocando», lamenta IU.