El presidente de Sniace, Blas Mezquita, ha anunciado hoy en la Junta de Accionistas celebrada en Madrid que su intención es presentar el plan de viabilidad de la empresa dentro del plazo que establece la ley, cuarenta días antes de la celebración de la Junta de Acreedores que se celebrará previsiblemente a finales de octubre. Empresa y comité volverán a reunirse este miércoles, apenas unas horas antes de entrevistarse con los responsables de Trabajo.
La urgencia por presentar el plan de viabilidad, exigido por las administraciones para cerrar otros aspectos del acuerdo laboral, es una de las reclamaciones que el comité de empresa ha vuelto a plantear hoy a Mezquita, entendiendo que una vez conocidos los números de la reforma energética Sniace podría cerrar ya sus previsiones.
Sin embargo, durante su intervención ante la Junta de Accionistas, el presidente ha repetido en varias ocasiones que su intención es presentar el plan, pero no de forma inmediata, y acogerse al plazo de hasta cuarenta días antes de la Junta de Acreedores, que convocarán los administradores concursales, según Mezquita, a finales de octubre.
Entre otras cosas, ha señalado varias cuestiones que estarían pendientes de concretar para elaborar el plan, como los cambios en los parámetros de las inmisiones de Viscocel, que aún no han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado, o el canon de saneamiento.
La empresa sí ha cuantificado ya el impacto tras publicarse el pasado viernes la Orden Ministerial que fijaba las cuantías de la reforma energética. Mezquita ha comunicado a los accionistas que Sniace perderá 18 millones de euros anuales, debido al descenso de las primas a la cogeneración y el incremento de los impuestos al gas, el «céntimo verde» aprobado en diciembre de 2012.
El presidente, en su intervención, también ha mostrado su desacuerdo con las cifras que está anunciando el Gobierno regional, que el pasado viernes aseguró que, con la reforma energética y la prolongación de la vida útil de las plantas de cogeneración, Sniace percibirá 200 millones de euros en los próximos diez años. Ese mismo día los sindicatos cuestionaban esa cifra y ahora es la dirección la que no comparte los números que hace el Ejecutivo cántabro.
Con la intención de reclamar la presentación del plan de viabilidad, y la de escuchar las explicaciones de Mezquita sobre la situación laboral y concursal de la empresa, una representación del comité se trasladó hoy a Madrid, para asistir a la Junta de Accionistas. Sin embargo el único compromiso que han arrancado al presidente ha sido el de reunirse este miércoles, día 25, por la tarde.
La nueva reunión se producirá apenas unas horas antes de la convocada en Madrid, con responsables de Trabajo, y a la que también asistirán empresa y comité. En principio esa reunión debería servir para fijar qué porcentaje, del hasta 40% que establece la ley, podrían obtener los trabajadores de Sniace en las ayudas a la jubilación, pero sin un acuerdo laboral ni un plan de viabilidad parece complicado que la administración se pronuncie.
«Esperábamos algún gesto, pero no hemos visto ninguno», ha señalado a HoyTorrelavega el secretario del comité, Antonio Pérez Portilla, para describir la sensación con la que los representantes sindicales han salido de la Junta de Accionistas.
A su juicio, Mezquita, más allá de señalar que, a pesar de que la situación de Sniace es «delicada» y «compleja», su intención es «tirar adelante» e intentar reabrir la fábrica, ha sido «poco transparente».
Sobre todo, el retraso en presentar el plan de viabilidad que todos los organismos están urgiendo «te deja un poco frío», ha asegurado el portavoz del comité, que este miércoles volverá a plantear «si la empresa está en condiciones de llegar a un acuerdo laboral o no».
Los trabajadores tienen muchas dudas de que su viaje a Madrid el jueves sirva de algo, toda vez que desde el Ministerio de Trabajo y el SEPE, en un anterior encuentro hace meses, se les dejó claro que era necesario un acuerdo y un plan de arranque para cuantificar las ayudas individuales a las jubilaciones.
Desde el comité inciden además en que los plazos se agotan y el 3 de julio es la fecha, esta vez sin posibilidad de un tercer aplazamiento, para el juicio en la Audiencia Nacional por la legalidad del despido de la plantilla, al que empresa y trabajadores deberían llegar con un acuerdo, si quieren garantizar la continuidad de la factoría.