Los trabajadores de Sniace votarán este lunes en asamblea si aceptan la primera parte de la propuesta que plantea la empresa para revertir los despidos, o como la ha definido la dirección, la «hoja de ruta» para alcanzar un acuerdo laboral que lleve a la reapertura de las tres plantas de la fábrica y una plantilla de 326 personas.
La asamblea se celebrará a las 10.30 horas, en el instituto Marqués de Santillana, con la presencia de un abogado que aclarará las posibles dudas antes de someter la propuesta a votación. La decisión se comunicará el mismo lunes a la dirección, que al día siguiente se reunirá con los administradores, a los que hoy ya han planteado esta propuesta que, según la empresa, los concursales no han recibido con malos ojos.
La primera parte de la propuesta que ha presentado Sniace en la reunión con el comité celebrada en Madrid, se centra en las prejubilaciones, que se rebajan tanto en número como económicamente. Así, se sube la edad de jubilación de los 57 a los 58 años, hasta los 63; con un neto que baja del 85 al 80%, y desaparece la cláusula de revalorización anual del 1%.
La medida de subir a los 58 años la edad de prejubilación deja fuera a tan solo 14 trabajadores, pero según ha explicado el comité en la asamblea celebrada a su regreso a Torrelavega, al filo de la medianoche, económicamente supone unos 2 millones de euros
La segunda parte se refiere a los costes de la Seguridad Social, que la empresa busca reducir ofreciendo «bajas incentivadas», en principio una treintena, a aquellos trabajadores que próximos a la edad de jubilación prefieran cobrar la indemnización en lugar de entrar en la póliza, o que habiendo encontrado empleo opten por coger el dinero y no volver a la fábrica.
La pretensión, que debería ser autorizada por la Audiencia Nacional, es que los operarios que se acojan a las bajas incentivadas, una vez revertidos los despidos y transformado el expediente de extinción de septiembre en uno de regulación, queden fuera de la ERE, mediante la firma de un acuerdo individual rompiendo la relación laboral con la empresa en la citada fecha.
Con estos ajustes la empresa calcula rebajar entre 2 y 3 millones de costes a la Seguridad Social, lo que dejaría el montante global del plan entre 10 y 12 millones de euros.
Respecto a otras cuestiones, como los salarios sociales que cobrarían los trabajadores a los que se acabe el paro hasta la arrancada efectiva de las fábricas o las condiciones económicas de los que se reincorporen, no se han modificado respecto a la última propuesta del comité´.
La empresa ha estado representada en la reunión por su presidente, Blas Mezquita, el consejero Miguel Gómez de Liaño, y el asesor legal Alberto Novoa, que entre otras cosas han advertido su intención de recurrir hasta las más altas instancias judiciales una posible victoria de los trabajadores en las demandas individuales, retrasando así el pago de las indemnizaciones.
Según han amenazado, de proseguir los trabajadores con las demandas individuales y ganarlas, los recursos judiciales podrían prolongarse hasta dos años y medio, lo que a su vez retrasaría el trámite en el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), que de por sí acumula un retraso cercano a los dos años.
El comité ha explicado a los trabajadores que en primera instancia se trata de dar el visto bueno a lo «gordo» de la propuesta, las prejubilaciones, para una vez superadas las cuestiones legales, la autorización de la Audiencia Nacional y el visto bueno de los administradores, empezar a definir el «ajuste fino» y las cuestiones puntuales.
En ese futuro ajuste estaría, por ejemplo, la cuantía de las indemnizaciones, que no parece probable sean mayores de los 20 días por año trabajado, aunque el comité ha pedido un esfuerzo a la empresa, o las diferentes situaciones que se producen en la empresa, en relación a los relevistas y relevados, las edades de jubilación o ver cuántas personas se acogerían a las bajas incentivadas.
El comité sí ha dicho que no están dispuestos a aceptar despidos traumáticos, un salario para los prejubilados inferior al 80% (la empresa planteaba hasta el 70%) o rebajar más las edades de jubilación.
Los sindicatos UGT, SUC y CCOO ha invitado a los trabajadores a valorar este fin de semana la propuesta y el lunes, tras resolver las posibles dudas legales con el asesoramiento del abogado, votar qué hacer. Una votación, han subrayado, abierta a los 533 trabajadores de la plantilla y en la que decidirán los que acudan y voten.
Esta es la primera propuesta que pone Sniace sobre la mesa desde que el pasado mes de septiembre se ejecutó el expediente de extinción de empleo que supuso el despido de los 533 trabajadores de la factoría.
El ERE se hizo efectivo por la negativa de los trabajadores, en votación a mano alzada y por práctica unanimidad, de los trabajadores a aceptar la oferta de la empresa, que conllevaba unos 200 despidos, ya que, aunque parte correspondían a teóricas prejubilaciones la propia dirección afirmó en la última reunión negociadora en el ORECLA que «no tenía dinero» para realizarlas.