Los trabajadores de Sniace exigirán al nuevo ejecutivo regional que garantice que el Plan Laboral firmado por empresa y plantilla «se va a cumplir en su totalidad» y en plazos razonables. La plantilla no quiere «quedarse de brazos cruzados» hasta que se resuelvan los trámites concursales, judiciales y empresariales para llegar a la reapertura de Sniace y tomará la iniciativa para que quienes asuman el gobierno de Cantabria velen para que el plan se ejecute.
La plantilla de Sniace ha celebrado hoy una asamblea para analizar los últimos acontecimientos en torno a la empresa, con la convocatoria para el 30 de junio de una la Junta General de Accionistas en la que se aprobará una ampliación de capital de 15 millones de euros y cambios en la cúpula directiva, con la entrada de nuevos consejeros.
Sobre todo, han analizado la repercusión que posibles cambios en los equilibrios de poder de la compañía pueden tener en la reapertura de la fábrica y en los intereses de los trabajadores. El comité no oculta su preocupación por que los cambios en el Consejo de Administración «puedan retrasar la puesta en marcha del Plan Laboral».
En cualquier caso ya han advertido que «nadie» valore otra posibilidad diferente a la reapertura de las dos fábricas, Celulosa y Viscocel, tal y como recoge el acuerdo firmado por la plantilla y el presidente de Sniace, Blas Mezquita, en septiembre del año pasado.
El secretario del comité, Antonio Pérez Portilla (UGT), ha anunciado que van a solicitar reuniones con el regionalista Miguel Ángel Revilla y con la socialista Eva Díaz Tezanos, para pedirles que el nuevo gobierno cántabro vele porque se cumpla el Plan Laboral, y «revisen con lupa» lo hecho por el ejecutivo saliente, porque temen que «el gobierno anterior (el de Ignacio Diego) esté detrás de la operación» empresarial en Sniace.
En la asamblea se han criticado las «claras injerencias políticas» que ha sufrido el conflicto de Sniace y el comité ha insistido en que, después de «dramáticas, largas y penosas gestiones para nosotros» y cuando está cerca la solución, «no podemos permitir que en un mes manden todo a la mierda porque alguien se lo haya propuesto».
Respecto a la posibilidad de que Blas Mezquita pueda perder la presidencia de Sniace o ver reducida su capacidad de decisión por la creación en la estructura de la compañía de un órgano superior, consideran que en este momento es preocupante, porque es «el que mejor conoce» tanto el conflicto laboral de los tres últimos años como el «complejo proceso» necesario para reanudar la actividad y sus peculiaridades productivas.
«Los que quedan en su momento tomaron decisiones desastrosas para nosotros», ha dicho además Pérez Portilla, recordando que fue durante el periodo en que Mezquita estuvo de baja médica cuando fueron despedidos. «Eso no se le puede colgar al ‘malo’ de Mezquita, y a través de él vimos la oportunidad de revertir los despidos y reabrir la fábrica», ha subrayado.
Por otro lado, Pérez Portilla ha valorado positivamente que la empresa haya tomado la decisión de convocar la Junta de Accionistas (trámite que debe hacerse con 40 días de plazo antes de su celebración), aunque el juez mercantil no haya decretado todavía el levantamiento del concurso, que Sniace superó en enero al conseguir las adhesiones necesarias de los acreedores. Demuestra, ha dicho, que la empresa «quiere abrir».
También el representante del SU, Mario Villar, interpreta que la convocatoria de la Junta demuestra que «la empresa quiere abrir lo antes posible». Igualmente advierte a la cúpula directiva, que en su momento y encabezada por Gómez de Liaño planteó el cierre de Viscocel y la continuidad sólo de la planta de Celulosa, «que no piensen que vamos a dejar que cualquiera de las dos fábricas se caiga porque no vean la viabilidad».
Finalmente, el delegado de CCOO, Luis Corrales, también defiende que Mezquita es «el que sabe cómo se ha desarrollado este problema y el que nos ha llevado a una posible solución». Además, cree que el gobierno de Cantabria «tiene que velar» porque el proceso de reapertura se lleve a cabo según lo previsto.
El próximo hito que debe superar la plantilla es el Tribunal Supremo, del que depende aceptar el acuerdo laboral y revertir los despidos. Tras conseguir un aplazamiento, la vista está fijada para el 13 de julio, fecha en la que necesitan que el juez mercantil haya levantado el concurso de acreedores.
En cuanto a la Junta de Accionistas, convocada para el 29 de junio en primera convocatoria y el 30 de junio en segunda, a las 12.00 horas, en un hotel de Madrid. El orden del día tiene catorce puntos, entre ellos la reestructuración del Consejo de Administración nombrando «consejeros dominicales» a los accionistas de referencia Félix Revuelta Fernández, Sabino García Vallina y José Luis Fernández Martínez y «consejeros independientes» a José María Castellano Ríos y Juan Hernández-Canut Fernández-España.
Además, figura en el orden del día el traslado de la sede social de la compañía de Madrid a Torrelavega, y la citada ampliación de capital por importe de 15,6 millones de euros.