Trascurrido más de medio año desde la última, el comité de empresa de Sniace ha convocado una asamblea el próximo jueves 26 de agosto, a las 18.00 horas, en la portería de báscula, para repasar la información de que disponen sobre el plan de liquidación de la factoría.
La última asamblea de los trabajadores de Sniace tuvo lugar el pasado 4 de enero y la última movilización se produjo hace casi un año, ya que las restricciones por el COVID motivaron la suspensión de la última concentración convocada en noviembre.
En esa asamblea celebrada a principios de año se valoraron las dificultades del proceso de venta de la factoría, tanto por la demora en presentarse el plan de liquidación por parte del titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, como por la propia situación del sector productivo de Sniace y por estar judicializada. Los trabajadores valoraron con preocupación la situación y el hecho de que, de no presentarse una oferta solvente por la totalidad de la fábrica, las instalaciones podrían venderse ‘por partes’.
Para los trabajadores, la esperanza ha estado puesta en todo momento en que aparezca un proyecto industrial firma que pudiera permitir recuperar los en torno a 700 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, que se perdieron en la comarca del Besaya con el cierre de la fábrica. Sin embargo, ya en la asamblea celebrada en enero, desde el comité las previsiones eran que el proceso de liquidación pudiera llevar «todo el 2021», una mala noticia para unos trabajadores que han superado el año y medio desde que fueron despedidos.
A pesar de las restricciones sanitarias, comité y trabajadores han seguido en contacto de forma no presencial y se han mantenido diversas reuniones telemáticas con los administradores concursales para seguir la marcha del proceso y con responsables de las administraciones buscando apoyo de cara a la posible compra de la factoría. También desde el comité se gestionó la recogida y entrega de los certificados que debían presentar al FOGASA el medio millar de trabajadores que fueron despedidos en 2013 para cobrar la prestación de este organismo.