Los acreedores de Sniace tienen de plazo hasta el 3 de febrero para comunicar si se adhieren al convenio de quita y espera de la empresa, que dadas las características de la factoría torrelaveguense podría llegar al 60% de la deuda y a una carencia de cinco años. El magistrado del Juzgado Número 2 de lo Mercantil de Madrid ha cerrado la fase común del proceso concursal de Sniace y ha abierto la fase de convenio, optando por la modalidad de «tramitación escrita».
Eso supone que la tan esperada Junta de Acreedores se celebrará antes de la última fecha que se venía barajando (finales de febrero), pero también que no habrá una reunión física donde los acreedores se pronuncien sobre si aceptan la quita y apuestan por la continuidad de Sniace o la rechazan y van a la liquidación. Una posibilidad, la de tramitación escrita, prevista por la ley cuando se superan los 300 acreedores en el proceso.
La dirección de Sniace puede presentar propuestas de convenio hasta el 3 de enero, un mes antes del vencimiento del plazo previsto para el pronunciamiento de los acreedores, en las que deberá tenerse en cuenta el plan de viabilidad para la factoría. Los acreedores también valorarán para su decisión el escrito de evaluación de la Administración Concursal, donde se recogen las incidencias del concurso.
El secretario del comité, Antonio Pérez Portilla, ha mostrado satisfacción porque finalmente se haya convocado la Junta de Acreedores, paso del que están pendientes los trabajadores para saber si sigue adelante la intención de la empresa de reabrir las tres fábricas torrelaveguenses (Celltech, Viscocel y Sniace).
Pérez Portilla ha recordado que el comité ha solicitado al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Torrelavega la declaración de Sniace como empresa de «especial relevancia» en la comarca del Besaya y en Cantabria. Esta declaración, solicitada por los administradores concursales, debe presentarse antes de finales de diciembre. El comité tiene ya el «compromiso» de la Dirección General de Trabajo de una próxima reunión con el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y hoy mismo han cursado solicitud a la alcaldesa de Torrelavega, Lidia Ruiz Salmón.
Si la Junta de Acreedores acepta el convenio de quita, el otro escalón que deben superar es el judicial, ya que los tribunales deben pronunciarse sobre la reversión del despido de la plantilla en septiembre de 2013 y la readmisión de los trabajadores. Hace quince días se hizo pública la decisión de la Audiencia Nacional de trasladar al Tribunal Supremo el pronunciamiento sobre la reversión de los despidos, rechazando el recurso presentado por el comité, que solicitaba transformar el expediente de extinción de contratos en uno de regulación temporal.
La Sala de lo Social de la AN rechazó el recurso del comité y apuntó que es al Tribunal Supremo al que compete resolver sobre la legalidad de la reversión de los despidos. «Todo ello sin perjuicio de que, pueda llegarse a un acuerdo por las partes y, siempre antes de que se dicte sentencia resolviendo el recurso, estas soliciten ante el Tribunal la homologación del mismo», para lo que es necesario contar el visto bueno de los acreedores.
Por otro lado, el magistrado ha comunicado el estudio de la petición que presentó el comité de Sniace hace un año para personarse como administrador en el concurso de acreedores para garantizar la defensa de los intereses de los trabajadores y sobre el que hasta ahora no había pronunciamiento por parte de la Sala de lo Mercantil.
El recurso de reposición se registró el 28 de noviembre de 2013, argumentando la deuda de más de 9,5 millones que tiene la empresa con los trabajadores, para que el comité fuese designado como tercer administrador, junto al representante del Banco Sabadell, que figura en nombre de los acreedores, y el representante de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La deuda comunicada por Sniace en octubre de 2013 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores era de 269,7 millones de euros. Entre los principales acreedores de la compañía estaban la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (22,6 millones); la empresa proveedora de gas GDF Suez Energía España (15,6); Liberbank (9,7); BBVA (8,1); Bankia (6,2); Gobierno de Cantabria (9); Ayuntamiento de Torrelavega (2,9) y Seguridad Social (2,5).
El 94% de los trabajadores de Sniace ya han firmado su adhesión al acuerdo laboral con la empresa