Las jubilaciones en Sniace, aun alcanzado un acuerdo laboral que suponga la readmisión de la plantilla, podrían retrasarse hasta el mes de octubre, cuando está prevista la Junta de Acreedores. También se podría demorar hasta esa fecha la posibilidad de establecer un convenio para el aplazamiento de los pagos de las cuotas que, en caso de readmisión, la empresa adeudaría a la Seguridad Social.
La reunión celebrada hoy entre responsables de la Seguridad Social en Cantabria, encabezados por su directora, Eva Suarez; la dirección de Sniace –representada por Blas Mezquita, Gómez de Liaño y Novoa-, y el comité, ha dejado a los trabajadores un «sabor agridulce». Aunque han encontrado «ganas de colaborar» en los representantes de las administraciones, buena parte de las cuestiones de las que depende el futuro de la factoría y de la plantilla no han sido resueltas.
En el caso de los pagos con la Seguridad Social, por las cuotas de la plantilla durante el periodo retrotraído, los responsables de este organismo se han mostrado dispuestos a negociar un aplazamiento, pero dicho acuerdo está condicionado a lo que ocurra en la Junta de Acreedores que dentro del proceso concursal se celebrará en octubre.
En cuanto a los meses que Sniace adeudaría en este momento a la Seguridad Social por la denegación del aplazamiento de los pagos, serían finalmente tres (mayo, junio y julio), desde este organismo consideran «imposible» no reconocer esa deuda, pero matizando que compete al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) «interpretar la norma» y que ahí cabría «alguna» posibilidad.
Del mismo modo, en la reunión de hoy se ha remitido al SEPE para aclarar si esa deuda en los pagos a la Seguridad Social influye en la concesión de ayudas individuales a la jubilación. Aunque, el comité se remite a las palabras de la directora de Trabajo, Rosa Castrillo, asegurando que no afectan, debe ser el SEPE ahora el que certifique cuál es la situación.
«Nos han dado una de cal y otra de arena», ha señalado a HoyTorrelavega el secretario del comité, Antonio Pérez Portilla, que reconoce que están «cansados» de ir «de la ceca a la meca» buscando respuestas y encontrando que cada organismo deriva las respuestas a otra parte de la administración. Y todo ello cuando lo que falta en este conflicto es «tiempo», porque el 3 julio y el juicio en la Audiencia Nacional se echan encima.
«Desde el primer momento hemos dicho que lo lógico y operativo hubiera sido que nos reuniéramos todos los implicados: empresa, comité, Gobierno regional, Seguridad Social, SEPE…», ha afirmado Pérez Portilla. Los sindicatos han solicitado ya al Servicio Estatal de Empleo una reunión.
En ese encuentro, según han explicado, debe resolverse la cuestión principal y que la propia empresa considera «imprescindible» y que supone un coste fundamental en el plan laboral, el saber si debido a las deudas con la Seguridad Social tendría o no derecho a realizar las jubilaciones y a las ayudas legales previstas.
Tras la reunión celebrada en Santander, y que ha durado en torno a una hora, el comité se ha interesado por el plan de arranque que la empresa debe presentar al Gobierno regional, si quiere tener su aval para acceder a las ayudas a las jubilaciones.
Según Pérez Portilla, la respuesta del presidente de Sniace, Blas Mezquita, ha sido que la empresa, si el Gobierno de España publica este fin de semana el reglamento que cuantifica la reforma energética, estaría en disposición de presentar dicho plan el próximo martes, tras la Junta de Accionistas del grupo que se celebrará el lunes, día 23.
El comité ha insistido en la reunión de hoy con los responsables de la Seguridad Social que el de Sniace «no es un caso normal», ya que de llegar a un acuerdo supondría la readmisión de 500 trabajadores diez meses después de su despido, por ello piden que se «reconsidere esta situación especial».
Los sindicatos esperan ahora reunirse con el SEPE lo antes posible –sea con responsables regionales o en Madrid- para avanzar en los pasos que deben darse si empresa y trabajadores quieren llegar a la Audiencia Nacional con un acuerdo que garantice la continuidad de la fábrica.