«Nosotros ya no tenemos más que poner encima de la mesa. Ha llegado el momento de que la empresa se moje de una puñetera vez y diga si está dispuesta a poner el dinero necesario para aplicar el Plan Laboral». Los trabajadores aseguran que ya no pueden «rascar» más en su propuesta de jubilaciones y le toca ahora a la empresa dejar las excusas y «poner el dinero que tiene que poner» si quiere que la fábrica vuelva a abrir.
El comité ha reclamado hoy que «administradores y empresa se comprometan», a la vista de que se han abierto algunas «expectativas mejores» de las que había, entre otras cosas por la posibilidad de que la regulación de la reforma energética, que se espera aprobar antes de quince días, sea mejor de lo esperado para los intereses de Sniace.
También han pedido al Gobierno regional que siga «tutelando» las negociaciones a través de la Dirección General de Trabajo, ya que entienden que si hay un «compromiso político» pueden resolverse algunos problemas.
El secretario del comité, Antonio Pérez Portilla, ha señalado que, «aunque hay que ser prudentes» hasta ver la «letra pequeña» del borrador, «según las interpretaciones que se oyen por la fábrica» el decreto energético «puede ser más positivo de lo esperado», en el sentido de que «si no permitiría ganar dinero, al menos permitiría no perder y abrir cogeneración».
A eso se une la posibilidad de que se produzca el cambio legislativo que llevan «más de un año esperando», para adaptar los parámetros de inmisiones ambientales a los baremos europeos. El informe favorable del Consejo de Estado es un paso, aunque faltaría la aprobación legal y la tramitación en Cantabria de la Autorización Ambiental Integrada, han recordado los sindicatos, que tienen «muchas dudas» todavía sobre la plasmación de las «correcciones» que ha pedido Sniace.
En base a esa «mejora» sobre el futuro de Sniace, la empresa busque la financiación necesaria para aplicar el Plan Laboral y los administradores autoricen que el coste supere los 10 millones en que están valorados los despidos y que hasta ahora se han puesto como tope. «Dado que hay futuro, Sniace no se puede ir a la mierda por dos millones más de euros», ha clamado el secretario del comité.
Los sindicatos (UGT, SUC y CCOO), han explicado hoy en asamblea a la plantilla lo tratado en la reunión que se celebraba el pasado martes, convocada por la directora general de Trabajo, y a la que asistieron administradores la empresa, sindicatos y representantes de la Consejería de Economía.
En esa reunión, sobre la que el Gobierno regional exigió «silencio» hasta hoy, se despejaron algunas incógnitas y se confirmaron algunos obstáculos. En el lado positivo, la posibilidad legal de aplicar los diferentes puntos del plan de prejubilaciones. En el negativo, el encarecimiento de algunos conceptos, ya que no podría aplicarse la bonificación del 50% de las cuotas de la Seguridad Social a toda la plantilla, solo a algunos trabajadores.
Además, el comité ha explicado que la empresa debe demostrar antes del 3 de julio (la fecha del juicio en la Audiencia Nacional) la rentabilidad de las tres plantas y, sobre todo, de Viscocel, ya que los administradores no autorizarán medidas con un coste económico para los trabajadores de una fábrica que no tendría futuro.
En este sentido, Pérez Portilla ha subrayado que no se trata de presentar un plan de viabilidad, que la empresa puede entregar con posterioridad, sino un documento más amplio que incluya el plan laboral y el «convenio con los acreedores, explicando cuál será la quita, y cómo y cuándo va a pagar Sniace esa deuda». Ese convenio tiene un plazo de presentación de hasta 40 días antes de la Junta de Acreedores, convocada para octubre.
Con todas esas cuestiones sobre la mesa, el comité debe ahora «esperar» a la próxima reunión, que podría celebrarse la próxima semana y con la empresa. Aunque siguen reclamando que el Gobierno regional asista y tutele esos encuentros, ya que diversas cuestiones a resolver competen al Ejecutivo.
El delegado del SUC ha incidido en esta cuestión, apuntando que dependería del Gobierno por ejemplo autorizar una «moratoria en el tema de la Seguridad Social», que sería «clave». Del mismo modo, el representante de CCOO ha vuelto a reclamar que la empresa no incluya en la valoración del Plan Laboral costes que corresponden al proceso de arrancada de la fábrica.