Las negociaciones del acuerdo laboral entre la dirección y los trabajadores de Sniace se retomarán con toda seguridad el viernes, una vez que este jueves se cierre la primera fase de la de la ampliación de capital y la empresa pueda comprobar que se están cumpliendo los objetivos y que marcha bien la operación bursátil para reunir 15,5 millones de euros que necesita para reabrir la fábrica de Torrelavega. Mientras, dirección y trabajadores han mantenido hoy la segunda reunión para negociar el acuerdo.
La comunicación de la CNMV anunciando que el accionista mayoritario, Félix Revuelta, ha hecho efectiva la compra de 1,5 millones en acciones en la fase preferente –el máximo que la ley le permite- y una petición de suscripción de otros 1,5 millones para la segunda vuelta de la ampliación, ha supuesto una inyección de confianza para la operación.
Revuelta ha dado el paso tras tener la confirmación de que el Gobierno de Cantabria ha firmado el acuerdo para la «deuda privilegiada» que tiene en el concurso de acreedores de Sniace, y que puede superar los 12 millones de euros. La «deuda privilegiada» queda fuera de los convenios de quita con los acreedores y debe ser negociada, en este caso por el Gobierno de Cantabria.
Mientras, el Ayuntamiento de Torrelavega ha exigido a Sniace «vía ejecutiva» el pago de unos 600.000 euros por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
La empresa confía que la apuesta por el proyecto del presidente de Naturhouse y propietario del 10% de las acciones de Sniace, que pondrá otros tres millones de euros, sea seguida por otros grandes accionistas de la compañía esta primera fase preferente y por otros inversores en la siguiente. El efecto del anuncio de la inversión de Félix Revuelta ha sido inmediato en la Bolsa y tras conocerse la noticia las acciones han experimentado una subida del 11%.
Trabajadores y dirección han mantenido hoy la segunda reunión para negociar el acuerdo laboral que deben presentar ante el Tribunal Supremo para conseguir la reversión de los despidos. Durante tres horas han repasado las trece cláusulas suspensivas recogidas en el documento que firmaron en octubre de 2014, la mayoría de las cuales han perdido vigencia o legalidad y deben ser reformadas.
Aunque no es esta parte del acuerdo la que planteará dificultades, sino los aspectos puramente laborales del acuerdo, desde las condiciones de los próximos convenios colectivos hasta el «salario social» de 800 euros que hace año. Una prestación que hace año y medio pactaron empresa y comité para dar cobertura económica a los trabajadores durante el proceso que trascurrirá desde la reapertura de la fábrica, que comenzará con la planta de celulosa, hasta la remodelación y puesta en marcha de Viscocel, cuando culminará la incorporación de la totalidad de la plantilla, establecida en el Plan de Viabilidad de Sniace en 340 personas.
La empresa había anunciado que hoy presentaría a la comisión negociadora la actualización de los costes económicos de la reapertura y reincorporación de la plantilla (Seguridad Social, reposición del desempleo…), pero finalmente no los ha aportado. El presidente de Sniace, Blas Mezquita, y el asesor legal, Alberto Novoa, han argumentado que están pendientes de contactos con diversos organismos, como el SEPE o la Seguridad Social, para concretar los costes que generará la reincorporación de la plantilla y calcular el efecto que tendrá en el acuerdo laboral.
Empresa y trabajadores se han emplazado a un tercer encuentro este jueves por la tarde o el viernes, aunque desde el comité se ha insistido en la exigencia de tener un acuerdo lo antes posible, para acabar con la incertidumbre de los trabajadores y para presentarlo ante el Tribunal Supremo, antes de que se haga firme el fallo que hoy se ha acordado en ese organismo sobre los despidos de Sniace, ha señalado el secretario del comité, Antonio Pérez Portilla.
«Vemos voluntad de llegar a un acuerdo», han afirmado los representantes sindicales, aunque reconocen que la empresa sigue condicionando cualquier paso a conocer la marcha de la ampliación de capital.
Respecto a los últimos acontecimientos, han celebrado que la firma del acuerdo del Gobierno de Cantabria de la «deuda privilegiada» y el anuncio de la inversión de Félix Revuelta hayan despejado algunas dudas importantes sobre el futuro de la empresa.
En cuanto a la reclamación del Ayuntamiento de Torrelavega de 600.000 euros de IBI, «una cifra con la que casi se pagaría el salario social», llegue en este momento en el que «huelen el dinero de la ampliación» y cuando «todavía no hemos sacado la cabeza», han asegurado Pérez Portilla y el representante de CCOO, Luis Corrales. Entienden que el Ayuntamiento deberá cobrar su deuda pero creen que en este momento la prioridad para el Ayuntamiento debería ser que la empresa reabra y unos 500 trabajadores, entre directos e indirectos, recuperen sus empleos.
Además, han recordado que también el Consistorio tiene una deuda con Sniace, ya que el convenio de cesión de las instalaciones deportivas del complejo Oscar Freire expiró en abril de 2011 y desde entonces se sigue haciendo un uso público de las mismas «sin pagar por ello».