El anuncio de Sniace de pedir la liquidación de la compañía ha caído como un mazazo en la plantilla, que a pesar de que las noticias de los últimos meses y en especial las del día de ayer no presagiaban nada bueno, en ningún momento esperaba que en 24 horas se convirtieran en el cierre de la fábrica de Torrelavega, por cuya reapertura lucharon los trabajadores durante tres años. Ahora más de 400 de ellos se quedan en la calle, y a ellos hay que sumar los de empresas auxiliares, contratas y otras empresas y autónomos que dependen de Sniace. En total unas 600 personas afectadas en primera persona, aunque serán muchas más las que se resientan por el cierre de esta empresa.
La presidenta de Sniace, Gema Díaz Real, anunciaba este jueves al comité de empresa, en una reunión convocada de urgencia unas horas antes, que los inversores habían dicho «hasta aquí». Según explicaba, a pesar de sus intentos en el Consejo de Administración, el inversor mayoritario, Sabino García Vallina, no quiere continuar con el proyecto Sniace, ha señalado el secretario del comité, Francisco Plaza.
Ahora será uno de los administradores concursales –no hay que olvidar que Sniace sigue concursada- el que asuma el control de la compañía y decida cómo se ejecutan el cierre y la liquidación de las tres empresas que forman la compañía: Sniace, Celltech y Viscocel.
De momento los trabajadores deberán realizar la parada de la fábrica, que la dirección quiere completar rápido, pese a que se trata de un proceso complicado por las características de la producción y que conlleva peligros por el tipo de productos que se manejan. Por eso, la empresa pedía al comité que instaran a los trabajadores a la responsabilidad, tanto por seguridad como para dejar la fábrica en el mejor estado posible para que resulte más atractiva para posibles inversores interesados en comprarla.
La liquidación se conocía públicamente poco antes de las ocho de la tarde, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores publicaba el hecho relevante, apenas unos minutos después de que Díaz Real se lo dijera a los representantes de los trabajadores en una reunión que, por su sorpresiva convocatoria, hacía esperar problemas.
«Hasta la misma presidenta ha dicho que le ha sorprendido la decisión de los inversores de liquidar la empresa» cuando había inversiones previstas por más de 80 millones de euros, incluso había «sudado la camiseta» para intentar evitar el cierre, ha apuntado Plaza. La reducción en 9 millones de euros de los beneficios tras la ruptura de Cogen del contrato de explotación de la planta de cogeneración más el coste que ello conlleva para conseguir el vapor era inasumible para la empresa, que arrastra una deuda millonaria desde el concurso de acreedores.
Tras la reunión, el comité ha convocado una asamblea para informar a los trabajadores de la funesta noticia. Algunos no han podido evitar las lágrimas, pensando en su futuro y en lo complicado que es que Torrelavega y su comarca puedan asumir esta oleada de desempleados. Todos con caras de preocupación y tristeza.
El ex secretario del comité y asesor, Antonio Pérez Portilla, ha tomado la palabra para cargar duramente contra Fernández Vallina, al que ha acusado de «irresponsable» por tomar la decisión de cerrar «de esta manera», sin explorar otras posibilidades, a pesar que tenía a su disposición la herramienta del ERTE. «La comarca no está para absorber una carga de desempleados como la que se le viene encima», ha subrayado. «Si Fernández Vallina fuese un empresario coherente y responsable hubiera aprovechado el ERTE para valorar la situación», ha reiterado.
Los trabajadores se plantearán ahora si emprenden algún tipo de medida, aunque asumen que tras la comunicación de la liquidación a la CNMV es «muy difícil» cambiar las cosas. En cualquier caso, el comité estudiará qué van a hacer y qué pasos tendrán que dar para intentar cobrar las cantidades que les adeuda Sniace, por el tiempo trabajado desde la reapertura y por el concurso de acreedores.
De momento, este viernes estarán a la espera de la reunión que se celebrará en el Gobierno de Cantabria con las empresas electroconsumidoras afectadas por la rebaja de las ayudas a la cogeneración anunciado por el Gobierno central.