La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha autorizado hoy la ampliación de capital de Sniace por importe de 30.082.692,60 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 300.826.926 nuevas acciones ordinarias. Los accionistas de Sniace tendrán derecho de suscripción preferente a partir del 13 de julio y la empresa espera culminar el proceso de ampliación de capital entre el 20 y el 24 de julio.
Según recoge el Folleto Informativo de la CNMV las acciones nuevas se emitirán por su valor nominal de 0,10 euros, sin prima de emisión. Sniace aumentará el capital en seis acciones nuevas por cada siete antiguas correspondiendo un derecho de suscripción preferente por cada acción existente de la sociedad.
La CNMV, como consecuencia de la situación de Sniace, ha incluido en el Folleto Informativo «advertencias importantes», sobre «la existencia de pérdidas continuadas y posibilidad de liquidación, sobre la existencia de un fondo de maniobra negativo, sobre la aprobación de un nuevo plan estratégico y la necesidad de acometer nuevas inversiones y sobre la posibilidad de suscripción incompleta del Aumento de Capital».
La ampliación de capital aprobada por la Junta General de Accionistas de la Compañía el pasado 19 de abril es la tercera que acomete Sniace desde el cierre de la empresa hace seis años. En 2016 realizó una ampliación de capital de 15,6 millones para financiar la reapertura de la fábrica torrelaveguense, y el año pasado acometió otra, de 11,7 millones, para costear las inversiones necesarias para poner en marcha la planta de Viscocel.
Con los 30 millones de la ampliación de capital, Sniace pretende financiar el plan estratégico 2018-2020, del que depende que la empresa pueda emprender nuevas líneas de negocio y entrar en nuevos mercados.
El aumento de capital va destinado a los accionistas legitimados de la sociedad y a los inversores que adquieran derechos de suscripción preferente y, si quedasen acciones sobrantes sin suscribir una vez finalizado el periodo de asignación de acciones adicionales, a cualquier inversor cualificado hasta un máximo de 150 personas físicas o jurídicas que no tengan la condición de inversores cualificados.