Silencio. Antes y después de la reunión que han celebrado hoy las cuatro partes implicadas en la aplicación del Plan Social de Sniace: administración, empresa, administradores concursales y comité. El encuentro ha tenido lugar en las dependencias del ORECLA, en Santander, y la administración ha pedido a los asistentes que no hagan declaraciones sobre lo tratado en la reunión, que ha durado algo más de dos horas.
La administración ya había exigido discreción sobre la convocatoria del encuentro, organizado por la directora general de Trabajo, Rosa Castrillo, y al que han asistido representantes de la consejería de Economía, cuatro miembros de la administración concursal, los sindicatos y por parte de Sniace su presidente, Blas Mezquita, y el consejero ejecutivo, Miguel Gómez de Liaño.
«Nos han pedido que guardemos silencio, y lo vamos respetar; nos ha costado mucho conseguir esta reunión para negarnos», ha señalado el secretario del comité, Antonio Pérez Portilla, que ha rehusado dar detalles del encuentro, del que ya se ha remitido el acta a las partes.
«Nosotros no vamos a decir nada», ha asegurado, y ha remitido a la asamblea de trabajadores, que como comunicaron a la administración, está convocada para el viernes, día 30, a las 18.00 horas, y en la que los representantes de UGT, SUC y CCOO, explicarán a la plantilla cómo están los trámites y la búsqueda de soluciones.
El plan de jubilaciones presentado por el comité no está desestimado y sigue sobre la mesa, aunque su aplicación se enfrenta a importantes obstáculos legales y económicos. Parte de las dificultades jurídicas y legales, argumentadas por la empresa, dependen del Servicio Estatal de Empleo (SEPE), de ahí que los sindicatos hubieran solicitado una reunión a la dirección general de Trabajo.
Al SEPE compete la posibilidad de que se bonifiquen las cuotas de la Seguridad Social, lo que rebajaría sustancialmente el coste de la aplicación del plan de jubilaciones. También depende de este organismo el conflicto jurídico que se ha generado sobre la fecha desde la cual Sniace debe pagar las cuotas pendientes de la Seguridad Social, la presentación del preconcurso de acreedores en junio o la declaración concursal en octubre.
Cuestiones jurídicas que tienen un reflejo económico y encarecen la aplicación del plan de jubilaciones hasta, según la empresa, unos 19 millones de euros, muy por encima de los en torno a 10 que fijaban como coste máximo los administradores concursales, por ser la cantidad correspondiente al pago de las indemnizaciones por despido.