La empresa Konecta ha defendido hoy que el hecho de no haber despedido a ningún trabajador del call center de Torrelavega al subrogar el servicio, aunque la ley permite en esos casos reducir la plantilla hasta un 10%, demuestra su «buena fe. El abogado de la empresa ha negado que el traslado de los 150 trabajadores a Valladolid sea un despido encubierto y lo ha calificado de medida «dolorosa» pero necesaria.
En el Juzgado de lo Social Número 5 de Santander se ha celebrado hoy el juicio por la demanda de conflicto colectivo presentado por UGT, CCOO y CGT contra el cierre del call center de Torrelavega y el traslado de la plantilla a la sede central de Konecta en Valladolid.
La sesión ha durado cuatro horas y durante todo este tiempo unos 60 trabajadores de Golden Line-Konecta, entre ellos algunos desplazados desde la capital vallisoletana para apoyar a sus compañeros de Torrelavega, han permanecido concentrados en el exterior y siguiendo el juicio.
La portavoz del comité de Golden Line-Konecta, Raquel Saiz, ha manifestado a HoyTorrelavega que tienen «esperanzas» y los abogados confían en las posibilidades de que el juez declare la nulidad del proceso abierto por la empresa para el traslado de la plantilla.
El magistrado ha anunciado que la sentencia se producirá a la mayor brevedad posible, por lo que en un plazo de 15 o 20 días podría decidirse el futuro de los 150 trabajadores. Hasta que no haya una sentencia firme se mantendrán las medidas cautelares del juez paralizando el traslado, que la empresa había fijado para el 1 de octubre.
Los abogados de los sindicatos han insistido en pedir la nulidad del traslado colectivo por la «mala fe» de la empresa durante la negociación, ocultado información a los representantes de los trabajadores, y durante el periodo de consultas.
Los letrados han argumentado que la empresa tenía desde el primer momento tomada la decisión de cerrar el centro de Torrelavega, como demuestran las obras realizadas en su sede de Valladolid para acoger a la nueva plantilla incluso antes de comunicar a finales de agosto a los trabajadores la decisión del traslado a partir del 1 de octubre.
También han señalado en el juicio que Konecta pretende realizar «un fraude de ley» y subrayando que el traslado supone abocar a los trabajadores a una extinción indemnizada de sus contratos.
Konecta ha rechazado esas acusaciones argumentando que afrontar las indemnizaciones por extinción de los contratos supondría unos 300.000 euros, cifra similar a los costes del traslado de la plantilla de Torrelavega a Valladolid, que rondaría los 230.000 euros.
Además, ha insistido en que se ha ofrecido a los trabajadores facilidades para afrontar el traslado, como ampliar los contratos a jornada completa, estabilizar sus turnos, costear la mudanza o dar prioridad a sus parejas en futuros procesos de ampliación de plantilla.
La empresa ha reiterado el argumento de que el traslado se decide por razones operativas y organizativas, y para mejorar la calidad del servicio de atención al cliente que prestan para Vodafone.
La portavoz del comité ha destacado que en las conclusiones finales, el letrado de la empresa ha señalado que estaban en la situación actual debido «a la presión mediática». Una apreciación que, según ha dicho, refuerza la postura que durante todo el conflicto han mantenido UGT y CCOO, de defender las movilizaciones como medida de presión para luchar por el mantenimiento de sus empleos en Torrelavega.
Por ese motivo, la intención de la plantilla es continuar realizando movilizaciones hasta que haya una sentencia firma, que Saiz confía en que sea favorable a los intereses de los trabajadores. «Esperamos que el juez declare la nulidad del traslado y podamos seguir trabajando en Torrelavega», ha señalado.