El Tribunal Supremo se pronunciará en los próximos días sobre el acuerdo laboral que han alcanzado la empresa y los trabajadores para la reapertura de Sniace. El documento, que sustituye al alcanzado en octubre de 2014, se firmaba el pasado viernes en las dependencias del ORECLA por el presidente de Sniace, Blas Mezquita, y la mayoría del comité (UGT, SUC y CCOO), y minutos después se enviaba al alto tribunal.
Los sindicatos firmantes han hecho hoy público en sus páginas web el acuerdo íntegro alcanzado por la empresa y que se ha remitido al Tribunal Supremo para su homologación.
El Supremo se pronunció el pasado 18 de mayo sobre el despido de la plantilla de Sniace en septiembre de 2013, aunque la decisión todavía no es firme, lo que ha permitido a trabajadores y empresa presentar el acuerdo, que permitirá la reversión de los despidos para un máximo de 57 trabajadores (nacidos a partir de 1957) y dará garantía legal a los términos pactados para el resto de cara a su reincorporación a la fábrica.
El acuerdo firmado este viernes se alcanzaba el martes 30, después de cuatro reuniones negociadoras que comenzaron una vez Sniace superó la ampliación de capital de 15,5 millones de euros que sacó a Bolsa para financiar la reapertura de la fábrica de Torrelavega. Cerca de la medianoche, los trabajadores en asamblea casi por unanimidad –con solo tres abstenciones de los aproximadamente 150 operarios presentes- daban el visto bueno al acuerdo.
El acuerdo contempla la reversión de los despidos para unos 52 trabajadores, a los que se pagará la Seguridad Social desde septiembre de 2013 y se prejubilarán con la modalidad de contrato relevo una vez vayan cumpliendo los 61,5 años. Para el resto de las casi 500 personas que en 2013 fueron despedidos (una treintena de trabajadores de oficinas han continuado en sus puestos estos años), no habrá reversión.
Parte de esos trabajadores restantes se han ido jubilando a lo largo de estos casi tres años y otros han causado baja voluntaria en la empresa. A los demás, unos 240, la empresa ha firmado el compromiso de contratarlos a partir de, previsiblemente, el 1 de julio, y de pagarles un «salario de transición», mediante un contrato a tiempo parcial que se convertirá en indefinido una vez se abran las fábricas.
Ese salario será de 400 euros para los trabajadores de Celltech, cuya apertura está prevista para finales de agosto o principios de septiembre, y de 575 euros para los de Viscocel, que se calcula pueda abrir unos 10 meses más tarde que la planta de Celulosa.
Además, Sniace acepta mantener la retribución que corresponde a cada trabajador por la antigüedad acumulada hasta el despido, y aunque tendrá una nueva denominación conservará su cuantía, una vez aplicada la rebaja salarial pactada en el convenio colectivo, que para la masa obrera será del 15%. Los trabajadores recibirán en 2016 y 2017 en una única paga en diciembre el equivalente a la antigüedad acumulada, y a partir del 2018 se convertirá en un plus mensual, bajo un concepto aún por concretar.
El cuanto al resto del convenio para los próximos seis años, la intención es que se mantengan los extremos recogidos en el «acuerdo de Burgos»: Para ello, reclaman que se mantenga un convenio de seis años de duración, tres de congelación salarial y otros tres de subida del IPC y 0,5%, con 8 horas de reducción de jornada en el último. En cuanto a la congelación salarial, era del 15% para los obreros, 17,5% para los mandos intermedios y 20% para los directivos.
Al igual que ocurrió hace año y medio con el primer acuerdo, el sindicato USO no ha firmado el documento y ha anunciado su intención de presentar algún tipo de recurso, que según los abogados de comité y empresa no tiene muchos visos de prosperar pero sí podría representar un retraso en el proceso de reapertura. Tampoco ha suscrito el acuerdo uno de los miembros del comité, delegado de UGT, que en 2014 tampoco firmó el pacto laboral.