El Grupo Regionalista pedirá explicaciones por el cierre de la planta de secado de fangos de Reocín y el futuro de sus 20 trabajadores, mediante una batería de preguntas a la que el Gobierno de Cantabria deberá responder en el primer Pleno del nuevo periodo de sesiones que el Parlamento comenzará en septiembre.
El portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, ha presentado ya en el Registro de la Cámara una iniciativa con este fin, en la se interesa por las razones que han llevado a finalizar el contrato de explotación de la planta, cuya construcción fue impulsada en 2002 por el entonces consejero de Medio Ambiente del PP, José Luis Gil, y dio lugar a una inversión de 25 millones de euros que a día de hoy aún no ha sido totalmente amortizada.
Precisamente esa deuda pendiente de pago, sumada al coste social y económico del despido de 20 trabajadores y a las consecuencias medioambientales que supone abandonar el tratamiento de los fangos han llevado a De la Sierra a cuestionar tanto la decisión de cierre como la gestión llevada a cabo por el actual Gobierno de Cantabria, «que en apenas 3 años ha conducido al fracaso un proyecto que el propio Partido Popular impulsó hace poco más de 10 años como vanguardista e innovador».
De ahí que el portavoz regionalista reclame información sobre la cuantía económica que queda pendiente de pago por la construcción de la planta, el ahorro anual previsto con el cierre y la cantidad que supondrá en el futuro el mantenimiento de las instalaciones, sumada tanto la amortización pendiente como las labores de mantenimiento, conservación, vigilancia y el resto de conceptos de gasto fijo.
También preguntará si el cese de la actividad será temporal o definitivo y si el Ejecutivo se ha planteado la viabilidad de la planta al margen de la concesión actual, mediante la asunción de la explotación por la empresa pública MARE.
De la Sierra quiere saber igualmente cómo gestionará el Gobierno el tratamiento de los fangos de las depuradoras de la Comunidad Autónoma a partir del septiembre y a cuánto ascenderá el coste de ese tratamiento una vez cerrada la planta de Reocín, así como las alternativas previstas para el uso y aprovechamiento de estas instalaciones.
«Desde el PRC vemos con mucha preocupación esta nueva actuación del Gobierno de Cantabria, que una vez más parece guiada exclusivamente por el interés económico, en este caso discutible, sobre todo cuando olvida otros intereses defendibles, como los medioambientales y sociales», ha explicado el portavoz regionalista en un comunicado.
A su juicio, esta decisión de cierre se ha producido desde «el desconocimiento y la improvisación», en contra de todos los estudios y planteamientos que en 2002 hicieron «precisamente al Partido Popular» proponer y adjudicar el proyecto innovador de secado y aprovechamiento de lodos que dio lugar a la construcción y puesta en funcionamiento de la planta.
«Al cabo de poco más de 10 años y después de haber invertido decenas de millones de euros de fondos públicos, se cierra y abandona lo que en su día nos vendieron como un importantísimo avance en gestión medioambiental sostenible y se toma la decisión sin especificar cuál es el destino de la planta, el coste económico de su mantenimiento, el sistema que se va a emplear para el tratamiento de lodos a partir de este momento y su coste y cuál va a ser la suerte de los 20 puestos de trabajo creados en el proyecto», ha concluido Rafael de la Sierra.