El Gobierno de Cantabria ha elegido la opción del préstamo participativo para adherirse al convenio de Sniace, porque «evita la liquidación» de la compañía y facilita la reapertura de la fábrica torrelaveguense, que por su capacidad generadora de empleo y actividad económica incide en la comarca del Besaya en particular y en el conjunto de la región, al tiempo que salvaguarda el cobro de la deuda.
En un comunicado, el ejecutivo ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará este viernes su adhesión a la propuesta de convenio formulada por Sniace en la opción de conversión de la deuda ordinaria en préstamo participativo. La decisión se toma en consonancia con la declaración de la compañía como Empresa de Especial Relevancia Económica el pasado mes de diciembre.
En su reunión semanal, el Consejo de Gobierno tomará la decisión, previo informe del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria, de adherirse a la tercera de las opciones planteadas por Sniace. Consiste en la conversión de los créditos ordinarios en un préstamo participativo, que generará un interés variable en función de los beneficios que obtenga el grupo y con las condiciones que se especifican en la propuesta.
Se establece que el préstamo participativo se extinguirá cuando se produzca la plena satisfacción del mismo por su pago íntegro, de acuerdo con las condiciones establecidas para su amortización, fijándose como plazo máximo para su amortización el de quince años.
Por su naturaleza, supone no renunciar el cobro íntegro del importe de los créditos que tiene reconocidos el Gobierno de Cantabria, si bien estos se convertirían en préstamo participativo.
Asimismo, el Gobierno ha querido aclarar que esta decisión se circunscribe única y exclusivamente a los créditos que constituyen el denominado pasivo ordinario del concurso (244.672,18 euros), que son los computables a efectos de conseguir las mayorías que permitan la aprobación del Convenio propuesto por las empresas del Grupo Sniace.
Igualmente, se ha destacado que la decisión del Gobierno equilibra dos aspectos esenciales: no generar quebranto a las arcas públicas, en tanto esta fórmula no implica renuncia al cobro de los créditos de la Hacienda Pública Autonómica y al tiempo evita la liquidación del grupo y facilita la reapertura de la compañía.