El comité de empresa no firmará la petición que la dirección de Sniace quiere presentar al Tribunal Supremo para pedir un tercer aplazamiento si el texto incluye cualquier término que implique la «obligatoriedad de firmar el acuerdo laboral», que empresa y sindicatos todavía no han empezado a negociar y sobre el que, a la vista del borrador propuesto por la compañía, las posturas están muy alejadas.
El secretario del comité, Antonio Pérez Portilla, ha explicado que, tras estudiar el escrito están en desacuerdo con algunas de los contenidos recogidos en el texto, por lo que en este momento sindicatos y empresa están «todavía en conversaciones». En declaraciones a HT, ha asegurado que no firmarán el escrito si no se eliminan todas aquellas expresiones que puedan vincular la firma de la petición a una obligación de firmar el acuerdo laboral con Sniace.
La empresa ha entregado hoy al comité el escrito que propone presentar a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo para pedir una nueva suspensión de dos meses para el trámite de deliberación sobre los despidos de la plantilla, argumentando que «por causas ajenas a la voluntad de las partes» no se han producido las condiciones necesarias para la homologación del acuerdo.
En concreto, el comité ha pedido que en el punto tres del escrito, cuando se dice que «no se ha verificado aún las condiciones suspensivas fijadas para que el acuerdo pueda ser perfeccionado», se sustituya por «el acuerdo pueda ser suscrito».
Además, quieren que se modifique la parte final de ese mismo punto tercero, que según la redacción de la empresa dice que «(…) ni ha cobrado firmeza la resolución que pone fin a la situación concursal de la Compañía ni se ha ejecutado la ampliación de capital necesaria para la obtención de los fondos necesarios para la Empresa, motivo por el cual venimos a interesar de la Excelentísima Sala que se acuerde una nueva suspensión por término de 2 meses, con el compromiso de las partes de acudir a la Sala para la homologación del acuerdo si se diesen antes de dicho plazo las condiciones necesarias para ello, o en su caso, informar a la Sala, si ello aconteciese igualmente antes del plazo de suspensión conferido, la imposibilidad de alcanzar el acuerdo para que pueda continuar el procedimiento».
Pérez Portilla ha reiterado hoy las dudas manifestadas a lo largo de los últimos meses sobre la posibilidad de que el Tribunal Supremo conceda un tercer aplazamiento, dada la excepcionalidad que ya supuso conseguir los dos anteriores.
En cualquier caso, y aunque el comité defendió ante la empresa la necesidad de acudir con el acuerdo laboral firmado hace un año al Supremo antes del 13 de octubre, dado que eso no fue posible, entiende que pedir un aplazamiento es menos «arriesgado» que esperar a que el Tribunal fije una fecha para dictaminar sobre los despidos. Esto último, ha señalado el portavoz sindical, conlleva el «riesgo» de que esa fecha fuese demasiado cercana para que esté en ejecución la ampliación de capital que la empresa pone como condición para la reapertura de la fábrica.
El comité entregará mañana jueves a la empresa sus correcciones al escrito de petición de aplazamiento redactado por el asesor legal de Sniace, Alberto Novoa. Pérez Portilla ha avanzado que, con la redacción actual, el comité, formado por los sindicatos UGT, SU y CCOO, no firmará la petición.
Dicho escrito recuerda que a instancia de las partes firmantes se solicitó a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que preside el magistrado Fernando Salinas, que se acordase la suspensión del trámite de deliberación, votación y fallo del Recurso de Casación sobre el despido de la plantilla en septiembre de 2013 «hasta en tanto se cumpliesen las condiciones suspensivas establecidas en el acuerdo laboral suscrito por las partes con fecha 7 de octubre de 2014».
Igualmente se recuerda que el Supremo ya concedió un primer aplazamiento a finales de abril y un segundo en el mes de agosto, a la espera de que el Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Madrid fallase el levantamiento del concurso de acreedores, hecho que se produjo el pasado 25 de septiembre.
La pasada semana el presidente de Sniace, Blas Mezquita anunció la necesidad de modificar algunos aspectos del acuerdo laboral firmado hace un año, en principio planteándolo como una actualización de los contenidos y una agilización de los plazos. Sin embargo, el borrador del nuevo acuerdo presentado por la empresa supone un enorme endurecimiento de sus condiciones, modificando entre otras cosas el salario social de 800 euros para los trabajadores, previsto en el intervalo entre la revocación de los despidos y la incorporación a la fábrica, y fijando el horizonte para la reapertura de Viscocel en junio de 2017