El comité de Sniace ha entregado hoy a la empresa dos textos alternativos al redactado por la compañía para solicitar a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo un plazo de dos meses para la votación y fallo del recurso de casación sobre el despido de la plantilla. La diferencia entre los dos textos, aceptados por la empresa, es que mientras uno solicita un «aplazamiento», que de concederse sería ya el tercero, el otro pide la «suspensión» de la votación y fallo sobre los despidos.
El secretario del comité, Antonio Pérez Portilla, ha señalado que la diferencia es «semántica» y cambia la fórmula jurídica bajo la cual se pide ese nuevo margen de dos meses. El objetivo, ha recordado, es disponer del tiempo suficiente para que se ejecute la ampliación de capital que la dirección ha fijado como imprescindible para la reapertura de Sniace.
En ambos textos, como ya avanzó el comité, también se han corregido algunos términos que aparecían en la petición de la empresa y que podían vincular la firma de este escrito con la obligatoriedad de alcanzar un acuerdo laboral con la empresa. Los representantes de los trabajadores rechazaba esa vinculación legal, dado que el nuevo acuerdo ni siquiera ha empezado a negociarse y, a la vista del borrador entregado por Sniace, empresa y comité mantienen posturas muy alejadas.
Pérez Portilla ha apuntado que si el sindicato USO, tercera parte en el proceso judicial junto a la empresa y el comité, no firma la petición de este nuevo plazo habría «más dificultades» para que el Tribunal Supremo acepte dar esos dos meses de margen.
La postura manifestada hasta ahora por USO, de no pedir aplazamientos y dejar que el tribunal fije fecha para la votación y fallo sobre los despidos, ha afirmado, es «muy arriesgada». Si la fecha es demasiado cercana y la ampliación de capital no está ejecutada, la empresa ya ha dicho que no habrá apertura; por el contrario, si la fecha se dilata en el tiempo puede suponer un nuevo retraso añadido, ya que la reversión de los despidos es imprescindible para la reapertura de la fábrica y que los trabajadores vuelvan a sus puestos.
Por eso, y aunque el UGT, SU y CCOO siempre defendieron que el acuerdo se presentase al Supremo antes del 13 de octubre, una vez que eso no ha sido posible, entienden que el aplazamiento o suspensión es la opción «menos arriesgada» para los intereses de los trabajadores.
Mientras, el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, hacía hoy mismo un «llamamiento a la responsabilidad» del sindicato USO, asegurando que no es momento de causar «más problemas», sino de «arrimar el hombro» por el futuro de los trabajadores de Sniace y de una empresa emblemática para la ciudad.