El comité de empresa de Solvay reconoce que los trabajadores están «preocupados» y «nerviosos» por el futuro de la planta de cloro y las «inquietantes noticias sobre la posibilidad de un cierre, aunque por otro lado están «esperanzados» en la legalidad de la prórroga que ha solicitado la empresa para cambiar el método productivo de mercurio a membranas, como exige la Unión Europea.
«Creemos firmemente que la legalidad nos cubre, porque el famoso considerando 22 de la directiva europea sí que permitiría una prórroga, siempre que se hayan comenzado los trabajos de conversión del método» de producción de cloro, ha explicado el presidente del comité, Roberto García (UGT).
Sin embargo, también reconoce que si no se aprueba la prórroga parece complicado que salga adelante la compra de la planta prevista por parte de una empresa portuguesa y eso supondría el cierre la unidad de electrolisis y, probablemente un expediente de extinción de empleo.
Respecto a la carta enviada por el Gobierno español al Ejecutivo regional advirtiendo que la planta deberá cerrar el 11 de diciembre, el sindicalista considera que se ha podido hacer en base a una interpretación automática de la directiva europea.
En este sentido, apunta que la directiva data de 2010 y en 2013 «hay una interpretación de la comisión, y parece que las autoridades europeas discrepan del considerando 22». García valora que la UE ha abierto «expediente a notificación de Ecologistas en Acción, habrá mandando algún escrito al Gobierno español» y éste, a su vez, «al Gobierno de Cantabria».
Lo que ha solicitado Solvay al Gobierno regional es una prórroga de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), para, a partir de la fecha en que sea firme la moratoria, tener dos años para «poder seguir fabricando con el mercurio más allá del 11 de diciembre de 2017». Mientras, detalla el sindicalista, se pondría «en marcha la nueva planta de células de membrana», de modo que, antes de finalizar la prórroga de la AAI, se pararía la producción con mercurio, se demolería esa planta y comenzaría a funcionar la de membranas.
El presidente del comité ha señalado que el protocolo de compra entre la portuguesa CUF y Solvay, «está supeditado a que la planta esté en marcha en el momento de hacerse la venta», que se hará efectiva «cuando arranque» la producción mediante sistema de membranas. «Si la planta la tenemos que parar el 11 de diciembre, nos tememos que la venta no se realizaría; por tanto, nos obligaría a cerrar directamente la planta», advierte García.
Como ha recordado, ese cierre afectaría a 55 trabajadores de Solvay «entre directos, auxiliares, bomberos y demás, trabajadores que habría que recolocar» y la factoría de Barreda «no tiene capacidad» para absorber «tantos» en otros departamentos.
La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, afirmaba ayer que la el Ejecutivo había emitido una «resolución provisional», que está en fase de alegaciones, y aseguraba que la petición de moratoria se resolverá en base a «los informes jurídicos, técnicos y ambientales».