El comité de Sniace ha pedido al presidente de la compañía, Blas Mezquita, una reunión urgente para analizar los «incumplimientos» del acuerdo laboral por parte de la empresa. Los representantes de los trabajadores denuncian que no se han iniciado los trámites para las jubilaciones por contrato relevo; no se está cumpliendo lo acordado para contratar a los trabajadores sin prestaciones; los contratos que se están firmando son eventuales y no indefinidos; y de forma unilateral la empresa ha eliminado todo los complementos de la nómina (ruidos, gases, festivos…), incumpliendo no solo el acuerdo laboral, sino también el convenio.
Los sindicatos (UGT, SUC y CCOO) recuerdan a Mezquita que la fecha de comienzo de aplicación del acuerdo era la sentencia del Tribunal Supremo, que la empresa, con el «desacuerdo» de los trabajadores, retrasó al 12 de julio, y en una nueva demora paso al 1 de septiembre. Una fecha «que ahora también parece haber perdido vigencia», porque Sniace condiciona la entrada en vigor del acuerdo laboral al acuerdo en los Juzgados de Santander, ha explicado a HoyTorrelavega el portavoz del comité, Antonio Pérez Portilla.
Aunque creen que todas estas cuestiones pueden resolverse con «diálogo», advierten a la empresa que si sigue convirtiendo en «papel mojado» el acuerdo laboral están dispuestos a acudir a los tribunales. El comité ha reclamado a Mezquita celebrar de forma urgente la reunión que tenía comprometida, y ponen un plazo de unos quince días, antes de valorar la vía judicial.
Además, el Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE) ha comunicado que aplicará la ley para reclamar a los trabajadores readmitidos por la sentencia del Supremo la reposición del desempleo, a pesar de que durante todo el proceso laboral el compromiso con el organismo público y sus responsables en Cantabria y Madrid era que sería la empresa, que así lo aceptó, la que asumiría el pago de esas cantidades, que pueden oscilar entre los 2.500 y los 5.000 euros por trabajador. En esta ocasión no se trata de un incumplimiento de la empresa, que «de momento» no se ha negado a pagar la reposición, sino de una falta de flexibilidad del SEPE que no acepta esa posibilidad y se ciñe a la ley para exigir que sean los trabajadores los que paguen.
Respecto a lo que sí son incumplimientos de Sniace, Pérez Portilla, ha explicado que uno de las consecuencias más graves es que los trabajadores que se acogieron al contrato relevo y que han cumplido los 61 años, se encuentran sin prestación y sin jubilación, «por lo que todos los meses están perdiendo el 85% de su salario» y además sin posibilidad de que lo recuperen en el futuro.
En cuanto a las contrataciones de los trabajadores que lo solicitaron por carecer de ingresos, el portavoz del comité denuncia que la empresa «se ha inventado una especie de baremo» con el que argumenta que quienes no han recibido la ayuda social no tienen derecho a la contratación para acceder a lo que durante la negociación laboral se dio en llamar «salario social» -400 euros mensuales para los operarios de Celulosa y Sniace y de 575 para los de Viscocel-. Una condición «que no sabemos de dónde ha salido porque no figura en el acuerdo», asegura Pérez Portilla.
Del mismo modo, «todos» los contratos que se están firmando, tanto los de ocho horas como los de reducción de jornada son eventuales. Lo pactado en el acuerdo, destaca, es que los contratos se firmarían como indefinidos a tiempo parcial, que se convertirían en indefinidos a jornada completa a medida que se fueran poniendo en marcha la fábrica del trabajador correspondiente.
Por otro lado, «con la disculpa de que la fábrica no está en marcha», denuncia el comité, además de la reducción salarial del 15% pactada en el acuerdo, la empresa ha suprimido todos los complementos, «incumpliendo nuevamente el acuerdo». Esa medida unilateral que vulnera el convenio supone que un trabajador que debería cobrar, una vez aplicada la rebaja salarial, unos 1.200 euros, percibirá en torno a 800 euros.
Mezquita no puede «escudarse» en que se trata de la «interpretación» del acuerdo laboral que hace el representante legal, Alberto Novoa, dice el representante sindical, cuando el propio presidente de Sniace reconoce que su percepción de los términos firmados era la misma que tenían los trabajadores.
Pérez Portilla ha mostrado igualmente serias «dudas» de que la fábrica de Celulosa pueda arrancar el 1 de septiembre, fecha anunciada por Sniace. Aunque ha destacado que las instalaciones y maquinaria se encuentran «mejor de lo que podría esperarse después de tres años cerrada», son muchas las reparaciones y puestas a punto que deben realizarse, y que en muchos casos en que es necesario reponer material se han encontrado con el cierre de muchos proveedores durante el mes de agosto.
En cuanto al SEPE, el comité ha mostrado su estupor porque en las múltiples reuniones mantenidas a lo largo de estos tres años con responsables de ese organismo, la última en mayo de este mismo año con la responsable estatal del Servicio de Empleo, «nadie dijo en ningún momento que no era posible» que la empresa pagase la reposición de los trabajadores readmitidos, que inicialmente iban a ser todos y finalmente son 52. «Nos da la sensación de que en ningún momento creyeron realmente que lo conseguiríamos y no comprobaron que era posible», lamenta Pérez Portilla, que ha mostrado su preocupación por cómo harán frente al pago los trabajadores que perciben una ayuda de 426 euros mensuales o los que no están cobrando nada.
Con todos estos problemas sobre la mesa y la incertidumbre de qué pasará el 1 de septiembre, cuando estaba prevista la arrancada y cuando habrá que renovar los contratos eventuales firmados hasta ahora, el comité cree imprescindible una reunión en la que el presidente de Sniace aclare todas estas circunstancias.