Ecologistas en Acción Cantabria ha interpuesto un recurso administrativo pidiendo la revocación de la resolución de apertura de la planta de Viscocel de Sniace, «por la falta de las más elementales medidas al objeto de garantizar unas mínimas condiciones en calidad del aire». La organización ecologista defiende que Sniace debiera haber solicitado una nueva Autorización Ambiental Integrada (AAI), pero ha preferido «los atajos y las componendas» de la mano de la Dirección General de Medio Ambiente.
«El tiempo de paralización transcurrido no puede considerarse como un mero cese de actividad temporal, pues superados muy ampliamente los 2 años, la legislación vigente estima cerrada la instalación», por lo que la empresa debería haber solicitado una nueva AAI. La reapertura, dicen, se ha hecho «mediante artificios argumentales sin base ni consistencia normativa». Para EAC, una «argucia y chapuza legal que sólo redunda en inseguridad jurídica para Viscocel».
Aunque después de cuatro años de inactividad el reinicio de la producción en la planta de fibra de Sniace «es sin duda una buena noticia por los puestos de trabajo que implica», afirman, «no por ello puede hacerse de cualquier manera».
Pero «lo realmente grave», valora Ecologistas en Acción, es la «dispensa extraordinaria» por la cual durante cinco meses «estará exenta de cumplir con los valores límite de emisiones contaminantes a la atmósfera», dado que los sistemas de depuración mediante biofiltros necesitan ese tiempo para poder alcanzar un óptimo rendimiento. La moratoria, añaden, «podía ser legal siempre que se garantizase que el entorno de dispersión de esas emisiones (inmisión) no se viese afectados los niveles de protección de la salud de sus vecinos», algo que, a su juicio, «con las condiciones de reapertura, no están en absoluto aseguradas y que, sin embargo, es posible».
A este respecto, han manifestado que, «incluso a pleno rendimiento de los biofiltros, el equilibrio entre las emisiones de Viscocel y la calidad del aire era más que crítico». Por eso, se reformó en 2014 la legislación, «específicamente a medida y demanda de esta empresa», elevando los límites tolerados de contaminación para el disulfuro de carbono «en un 700%» y a pesar de todo Viscocel «habría seguido superando esos niveles el 15% de los días, con picos de contaminación que cuadruplicarían los límites legales ya ampliados».
En cuanto a la Dirección General de Medio Ambienta, EAC asegura que «las irregularidades se acumulan, en éste y otros casos». El colectivo ecologista cita «la otra dispensa» que se otorgó por un período de tres meses en los vertidos de la depuradora de Sniace en el reinicio su actividad, «los cuales habían sido declarados previamente ilegales por sentencia firme de la Audiencia Nacional».
En su opinión, «todo un ejemplo por si sólo de la manifiesta arbitrariedad por parte de la Dirección de Medio Ambiente, que supedita de forma incondicional los principios ambientales más básicos a determinados intereses industriales».