Ecologistas en Acción Cantabria ha presentado alegaciones a los primeros dos permisos de investigación minera que ha concedido el Gobierno Regional para valorar la existencia de zinc y plomo en una decena de municipios de la comarca del Besaya. El colectivo ecologista advierte de los «impactos» que los sondeos pueden generar en suelos y acuíferos.
En concreto, Ecologistas en Acción para alegado contra los permisos de investigación ‘Buenahora’, de la empresa australiana Slipstream Resources, que ocupa 188 cuadrículas mineras de los ayuntamientos de Comillas, Ruiloba, Udías, Cabezón de la Sal y Alfoz de Lloredo; y ‘Salia’, de la empresa canadiense Cantábrica del Zinc, que ocupa 120 cuadrículas mineras de los ayuntamientos de Reocín, Mazcuerras, Cartes, Torrelavega, Santillana del Mar y Suances.
El permiso ‘Salia’ incluye en su proyecto un mapa de sondeos con 145 puntos de perforación, mientras que ‘Buenahora’ no presenta «ni siquiera un mapa de sondeos», ha señalado el portavoz de Ecologistas en Acción, Floren Enríquez.
Dado el número de sondeos, su entidad –las perforaciones se harán a una profundidad de más de 500 metros- y las características del subsuelo, Enríquez considera que es necesario que cuenten con una Autorización de Impacto Ambiental «ordinaria», máxime cuando se van a realizar en una zona kárstica con acuíferos.
Entre otras afectaciones de los sondeos, en una entrevista en la Cadena SER Torrelavega, el portavoz de EAC ha destacado que los sondeos van a arrastrar los «lodos de perforación» a los acuíferos de las zonas donde se van a realizar, el más destacado el Santilla-San Vicente. Los sondeos, ha dicho, también arrastrarán a los acuíferos los «minerales» que se encuentran en las capas que atravesarán las perforaciones.
Además, valoran que la legislación que regula la actividad minera en la región se redactó en la época de la dictadura y está obsoleta, aunque también rechazan los últimos cambios introducidos en la Ley del Suelo de Cantabria. «La modificación ha supuesto permitir la actividad minera en profundidad en cualquier suelo rústico, incluso protegido, y eso es un error», ha afirmado Floren Enríquez. «No se puede legislar exprofeso para una actividad», como a su juicio, ha ocurrido en este caso.
Desde Ecologistas en Acción recuerdan que la actividad minera que durante 150 años desarrolló AZSA en Cantabria ha dejado «bastantes problemas que siguen presentes», por lo que, si hay nuevos proyectos, «han de sopesarse y estudiarse bien, para que no produzcan nuevos impactos».
En el caso de los sondeos, «hay que hacerlo con garantías, y esas garantías no se han puesto sobre la mesa», en los permisos de investigación que ha concedido el Gobierno de Cantabria y contra los que ha presentado alegaciones Ecologistas en Acción.