El Servicio Público de Empleo (SEPE) tiene en sus manos el futuro de la plantilla de Sniace, ya que buena parte de las dificultades jurídicas y legales que argumenta la empresa para aplicar el plan de jubilaciones dependen de este organismo. También depende del SEPE la posibilidad de bonificar las cuotas de la Seguridad Social y rebajar sustancialmente el coste de aplicación, que la empresa cifra en unos 19 millones de euros, muy por encima del límite de 9-10 millones marcado por los administradores concursales.
El presidente de Sniace, Blas Mezquita ha echado hoy un jarro de agua fría sobre las esperanzas de la plantilla. Después de dos aplazamientos, y tras reunirse unas horas antes con responsables de Trabajo, se celebraba por fin el encuentro con los sindicatos, aunque ha durado poco más de 60 minutos.
El tiempo suficiente para repasar la lista de «problemas» a que se enfrenta el plan de jubilaciones y dejar claro, en palabras de los representantes sindicales, que «la situación está muy jodida». Problemas legales que se acaban convirtiendo en obstáculos económicos, y problemas económicos que se acaban transformando en impedimentos legales. Un «galimatías», insiste el comité.
Respecto a las cifras, la empresa cifra en 6,5 millones el coste de las jubilaciones, en otros 6,5 la Seguridad Social, en 3,5 la responsabilidad social de los despedidos con contratos relevo y otro 1,5 por el coste de la Seguridad Social hasta la arrancada de la fábrica –según Mezquita el 1 de septiembre Celulosa y a primeros de año Viscocel- y las ayudas a los trabajadores a los que se agote el desempleo en ese proceso, teniendo en cuenta que al menos 30 personas lo han agotado ya.
Los administradores concursales marcaron el límite del desembolso económico en 9,4 millones, el coste que deberá afrontar la empresa por los despidos en base a una indemnización de 20 días por año trabajado, la que recibirán los 533 miembros de la plantilla si los tribunales fallan que el expediente de extinción de empleo fue legal. Si los jueces, en la vista de la Audiencia Nacional, aplazada al 3 de julio, estimaran los despidos ilegales y fallaran una indemnización superior, Sniace iría directamente a la liquidación.
En cuanto a los otros «problemas», se ha generado un conflicto jurídico entre la empresa y la Seguridad Social en torno a las cuotas pendientes. Mientras la empresa asume el pago desde la entrada en concurso de acreedores, en octubre, la Seguridad Social reclama a Sniace el pago desde la presentación del preconcurso de acreedores, en junio.
La empresa ha recurrido la pretensión del organismo oficial en base a un «convenio de aplazamiento», pero la consecuencia directa de esa reclamación, además de incrementar los costes de Seguridad Social, es que «el no estar al corriente de pago» cierra las puertas para recibir ayudas y bonificaciones.
Por si fuera poco, el presidente de Sniace ha informado hoy de un nuevo problema jurídico, en torno a los contratos relevo, por el despido de los jubilados parciales y de los «relevistas», y desde el Ministerio de Industria se anuncia la inminente aplicación de la reforma energética que puede «finiquitar» la historia de la fábrica.
Un cúmulo de dificultades económicas y jurídicas que ponen muy cuesta arriba el camino para la plantilla, que sigue discrepando de la dirección en muchas de las cuestiones que la empresa computa como costes de jubilación, pero que no puede rebatir los requisitos legales.
El comité, tras la reunión con Mezquita, ha intentado explicar todas estas circunstancias a una plantilla ya cansada de encontrar en cada esquina nuevas dificultades y que, al echar la vista atrás y repasar este año y medio de conflicto, desconfía de empresa y administraciones a partes iguales.
Los sindicatos han solicitado con carácter de urgencia una reunión con los responsables del Servicio Público de Empleo, en cuyas manos parecen estar las soluciones más imprescindibles. Empresa, comité, SEPE y Trabajo deben reunirse para ver si es posible un encaje legal a las citadas cuestiones a que se enfrenta Sniace.
«Todo depende de lo que diga el SEPE y si dice que no lo vamos a llevar jodido», ha afirmado el secretario del comité y representante de UGT, Antonio Pérez Portilla, que no ha ocultado a los trabajadores en la asamblea tras la reunión. Cuestionando muchos de los conceptos que la empresa «suma» en esos 19 millones de euros de coste de las jubilaciones, ha asegurado que «si las cifras que van a presentar a los administradores son esas, esto no hay por dónde cogerlo».
«La cosa está jodida, porque las cifras no cuadran», ha dicho el representante del SUC, Mario Villar. «La empresa nos dice que tendremos que limar esas cifras, pero no sé de dónde, ya le hemos dicho que no podemos estar más limados», ha apuntado, reconociendo ante los comentarios de los trabajadores sobre la conveniencia de que la dirección «lime» sus sueldos que «ya se lo hemos dicho».
En la misma línea se ha manifestado el delegado de CCOO, Luis Corrales, resumiendo la situación en que es necesario ir al SEPE para que diga si Sniace cumple los requisitos para acceder a las ayudas y bonificaciones que necesita para aplicar el plan de jubilaciones y tener alguna esperanza de salir adelante. «Que digan que sí o que digan que no, pero que lo digan de una puta vez», ha explotado.
La próxima reunión con la empresa se producirá en el SEPE, ya que «no tiene sentido» celebrar un nuevo encuentro sin resolver las cuestiones que dependen de la administración, ha explicado el comité. De momento, y a la espera de esa cita, los trabajadores se han emplazado a la manifestación convocada para este viernes, a las 19.00 horas, desde la fábrica hasta el Ayuntamiento de Torrelavega.