CCOO ha instado al Gobierno de Cantabria y a la dirección de Solvay a resolver la «situación de incertidumbre» en la que se encuentran los trabajadores de la empresa. Desde la Federación de Industria y la sección sindical de CCOO de Solvay recuerdan que más de cien familias, entre puestos directos o indirectos, dependen de la planta de electrolisis de Barreda.
Solvay ha solicitado al Gobierno regional una moratoria de dos años para mantener la planta de cloro abierta mientras se pasa de la producción por celdas de mercurio, prohibida por Europa a partir del 11 de diciembre, a la tecnología de membranas.
«Creemos que la directiva europea de emisiones industriales deja claro que, si para introducir las nuevas mejoras técnicas disponibles, es decir la tecnología de membranas, hace falta un periodo mayor de lo establecido las autoridades competentes podrán fijar un plazo más prolongado en las condiciones del permiso», señala el secretario general de Industria de CCOO, Daniel San Miguel. En España, subraya, son las comunidades autónomas las que tienen la potestad para dar estos permisos.
Además, recuerda que, mientras en Cantabria «está en duda la legalidad» o no de la prórroga y se sigue «sin los permisos necesarios», en otros países de Europa, como Bélgica, Alemania, Francia, Italia y Suecia, «no tienen ninguna duda» y han tramitado la prórroga para plantas como la de Solvay. Es el caso de empresas como Vynova, Dow Chemicals, Pc Loos, Spc Harbonnieres, Hiydrochem», algunas de ellas «incluso con tecnologías de amianto».
«No entendemos que después de llegar a un acuerdo en julio de 2016 y tras meses de negociación con la compañía portuguesa CUF, con más de 150 años de historia, con una aportación de inversión privada de cerca de 55 millones de euros y con el mantenimiento y creación de puestos de trabajo con la importancia que esto tiene para la industria de Cantabria y en especial para la comarca del Besaya, tan golpeada por el desempleo, corra el peligro de no establecerse en nuestra región justo a última hora y cuando el tiempo se agota para buscar una alternativa», afirma CCOO.
El cierre de la planta a finales de 2017 sin esperar a la creación de la nueva empresa rompería el acuerdo que tiene Solvay y CUF, «puesto que todo pasa porque a Solvay se le conceda la prórroga», recalcan. Eso puede suponer, advierte el sindicato, una pérdida importante de los clientes actuales, que tendrían que garantizar su suministro en empresas de la competencia y que luego sería «difícil de recuperar en el caso de que CUF o cualquier otra empresa esté interesada en instalarse dentro del recinto de Solvay», añade San Miguel.
Comisiones apela «al buen hacer del Gobierno regional, que hasta ahora ha demostrado un gran compromiso con la industria de Cantabria», para que junto con Solvay y CUF «busquen las soluciones necesarias para que la nueva planta de electrolisis sea una realidad y los trabajadores y trabajadoras no pierdan sus puestos de trabajo».