Los gobiernos de Cantabria, Galicia y Asturias han formalizado hoy un frente común frente al futuro Estatuto de Consumidores Electrointensivos y han registrado en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo alegaciones conjuntas al texto planteado por el Ejecutivo, dirigidas fundamentalmente a mejorar las compensaciones previstas para las industrias con mayor consumo energético.
El acuerdo entre los tres gobiernos ha sido posible tras la conversación mantenida este lunes por el presidente, Miguel Ángel Revilla, con su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijoo, en la que ambos coincidieron en la conveniencia de una postura común en defensa de la industria electrointensiva, cuya competitividad en el mercado europeo se puede ver amenazada por la nueva regulación planteada.
Responsables de las respectivas consejerías de Industria han mantenido durante toda la semana una negociación en la que Cantabria ha mediado en todo momento por el consenso alcanzado hoy y plasmado en el documento registrado en el Ministerio, en defensa de un marco regulatorio energético «estable y predecible, que potencie la competitividad de la industria como generadora de riqueza y empleo de calidad y evite situaciones de desventaja competitiva frente a otros países y regiones de la Unión Europea».
Así lo ha dado a conocer el titular de Industria cántabro, Francisco Martín, quien valora el esfuerzo realizado por el Gobierno para diseñar el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, pero considera «imprescindible» introducir cambios para «mitigar los efectos que actualmente tienen los costes energéticos sobre la competitividad de las empresas».
La principal modificación que reclaman Cantabria, Asturias y Galicia afecta a las compensaciones, que en el proyecto planteado «no se centran prioritariamente en las empresas que, por sus perfiles y volúmenes de consumo, se encuentran más expuestas a la pérdida de competitividad por el coste de la energía eléctrica».
Martín ha explicado en este sentido que las medidas compensatorias previstas son «inciertas», porque están sujetas a disponibilidad presupuestaria y a la previa autorización de la Comisión Europea, e «insuficientes», ya que suponen una reducción media de los precios eléctricos de 2,25€/MWh, cantidad que se reduce hasta 0,54€/MWh para los verdaderos electrointensivos, cuando lo que realmente necesitan es una rebaja de al menos 10€/MWh frente al precio actual de la energía.
Asimismo, ha destacado la necesidad de recuperar el servicio de interrumpibilidad con unas condiciones similares a las de las subastas previas a la última celebrada para la asignación del servicio correspondiente al primer semestre de 2020, y establecer la compensación de las emisiones indirectas de CO2 en los importes máximos previstos en la normativa comunitaria.
Las alegaciones también plantean cambios en la caracterización del consumidor electrointensivo y establecen dos categorías en función del nivel de consumo, para que las medidas compensatorias incidan en mayor medida en los mayores consumidores, con porcentajes que van del 60 al 80%.
Además, y en relación con la dotación presupuestaria para las ayudas por costes de emisiones indirectas de CO2, reclaman que se dedique al menos el 25% de la previsión de los ingresos por subasta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a la partida de los Presupuestos Generales del Estado.
Cantabria, Galicia y Asturias abogan también por eliminar la obligación de contratar al menos un 10% de la energía en contratos a largo plazo, al entender que supone imponer obligaciones del lado de la demanda, sin incorporar mecanismos de mercado que sitúen en igualdad de condiciones a las dos partes que deben suscribir el acuerdo.
Finalmente, reivindican participación activa para las comunidades autónomas en la Comisión de Riesgos del Mercado Electrointensivo.