El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha avanzado su intención de «retomar las conversaciones» con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para intentar «acelerar el proceso» para que Sniace vuelva a cotizar en Bolsa y puede presentar la ampliación de capital imprescindible para la reapertura de la fábrica. Ha hecho hincapié en que «estamos en una carrera contra el tiempo» y el retraso en la salida a Bolsa puede «frustrar» un proceso «que no debe tener ningún problema».
Méndez, que ha participado en Santander en una asamblea con afiliados y delegados de UGT, ha señalado que para la vuelta de Sniace a la cotización «formalmente no hay ningún obstáculo», sin embargo «se están produciendo obstáculos de tal manera» que finalmente, «partiendo de un acuerdo, pues se puede ver frustrada efectivamente la culminación de ese acuerdo».
El secretario de UGT, que intermedió para que el comité de empresa de Sniace fuese recibido por la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, el pasado mes de diciembre, ha dicho que volverá a hablar con la CNMV «no para resolver los problemas, sino para acelerar el proceso».
La propia Rodríguez anunció en diciembre al comité su intención e interés personal en agilizar los trámites para la salida de Sniace a Bolsa, considerando la situación de los más de 300 trabajadores de la plantilla, despedidos desde hace dos años y medio, y la importancia de la empresa para la economía y el empleo de la comarca del Besaya y de Cantabria.
En el mismo sentido se expresó la responsable regional de UGT, María Jesús Cedrún, quien insistió en la necesidad de agilizar el proceso de salida a bolsa y la posterior ampliación de capital de Sniace para que ésta pueda reanudar su actividad productiva.
Sobre las recientes declaraciones del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, de que Sniace reabrirá sus instalaciones productivas antes del verano, Cedrún aseveró que «no puede ser de otro modo porque el Tribunal Supremo ya ha fijado para el mes de marzo la vista judicial sobre el expediente de regulación de empleo y la extinción de los contratos de trabajo». «Sólo se pueden revertir esos despidos mediante el acuerdo laboral que alcanzaron en su momento el comité de empresa y la dirección de Sniace y para que este acuerdo sea viable la empresa tiene que salir a bolsa», ha recalcado.
Cándido Méndez ha puesto Sniace como ejemplo del retroceso industrial en Cantabria, que a su vez es reflejo de lo que está pasando con la industria «en toda España». Cantabria fue la comunidad autónoma con mayor caída de la producción industrial nacional el año pasado. «Es necesario y con carácter de urgencia un plan por la reindustrialización para que el sector industrial alcance el 20% del PIB, que es el promedio de la UE», ha subrayado, y en este objetivo «el actual Gobierno en funciones ha hecho algunos gestos pero sin contenido alguno». Para Méndez, ese plan de reindustrialización tiene que tener en cuenta «tanto a la industria 4.0 como a la industria más tradicional».
Por otra parte, el responsable ugetista ha asegurado que «derogar la reforma laboral no es suficiente sino conlleva la reposición inmediata de los derechos expoliados». A su juicio, «con 15 millones de personas que han votado por el cambio político hay mayoría más que suficiente para ello», por eso las «fuerzas políticas del cambio deberán ponerse de acuerdo en adoptar medidas para un cambio social, la lucha por la igualdad, un plan de choque contra el paro de larga duración, la mejora de los salarios y una serie de objetivos prioritarios y urgentes». Lo contrario «nos llevaría a una hipótesis nada positiva de nuevas elecciones que además no variarían mucho el actual mapa político».
De modos, al margen de la constitución o no de un nuevo Gobierno de cambio, Cándido Méndez cree que hay cuestiones «que no pueden esperar y se pueden hacer ya», como la creación de un derecho subjetivo de prestación de ingresos mínimos para trabajadores en riesgo de exclusión social, planteado por UGT y CCOO en una iniciativa legislativa popular. En este sentido, ha recordado que «en España hay 2.100.000 trabajadores en riesgo de exclusión social, de los que dos terceras partes son mujeres». La propuesta es una prestación social de ingresos mínimos, con una cuantía de 426 euros mensuales, que debería de ser aumentada en función del número de miembros de la unidad familiar.
El secretario general de UGT también ha mostrado su confianza en que «va a resplandecer la inocencia» en el encausamiento judicial de casi 300 sindicalistas en España por ejercer el derecho a huelga, incluidos los ocho representantes sindicales de Airbus. Ha recordado que la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, también sufrió un proceso judicial porque «se le acusaba de falsedades», en concreto por lanzar unos clavos en las puertas de una fábrica en la huelga general del año 2012.
«Espero que un nuevo Gobierno deje atrás también esta etapa y se recupere de una vez por todas la libertad sindical y el derecho básico de huelga», puntualizó Méndez, para quien «en lo que hay que centrarse en la creación de empleo y de calidad, la mejora de los salarios, solucionar los graves problemas que tienen los servicios públicos y luchar contra las desigualdades, la exclusión y la pobreza».