La oposición denuncia que el Ayuntamiento de Suances deberá pagar 1,2 millones de euros como consecuencia de no haber aprobado el nuevo Plan General de Ordenación Urbana y exigen responsabilidades políticas al alcalde, el socialista Andrés Ruiz Moya, que gobierna en mayoría. PP y PRC le consideran culpable, no solo de no haber cumplido sus propios compromisos para la revisión del planeamiento, sino incluso de «haber hecho lo posible por no aprobarlo».
Los concejales de los grupos municipales Popular y Regionalista han ofrecido una rueda de prensa conjunta para denunciar las consecuencias negativas que está teniendo y tendrá para Suances que no se haya aprobado el PGOU, consecuencias a nivel económico, urbanístico y de desarrollo del municipio. Por eso, van a forzar la convocatoria de un pleno, para que los vecinos, dicen, conozcan la situación y la responsabilidad del equipo de Gobierno y, en especial, de Ruiz Moya, que desde 2003, primero como concejal y después como alcalde, ha llevado el Urbanismo en Suances.
Los portavoz del PP, Paulino Martín, y del PRC, Carmen Ruiz, han coincidido en que el alcalde debe asumir responsabilidades políticas y establecer y cumplir un calendario para la aprobación de un Plan General que permita dar respuesta a algunos de los mayores problemas del municipio, como los accesos a Suances, nuevos aparcamientos, ordenación de zonas deportivas, equipamientos…
Uno de los mayores quebrantos económicos vendrá por los 700.000 euros que tendrá que pagar el Ayuntamiento por el incumplimiento de una addenda al convenio urbanístico firmado en agosto de 2014 con un constructor suancino para el desarrollo del Plan Parcial que permitió construir el aparcamiento del Palacio del Amo y la rehabilitación de unos senderos en la zona. Según ese convenio, el Ayuntamiento debía tener aprobado antes de concluir el año el nuevo Plan General, ya que en caso contrario debía pagar la citada suma.
Populares y regionalistas coinciden en culpabilizar al alcalde de las consecuencias económicas que tendrá el no haber cumplido el convenio, sin embargo difieren sobre los motivos de ese incumplimiento. Para el PP se trata de dejadez y para el PRC habría intencionalidad.
El portavoz del PP, grupo que en su momento apoyó con su voto la firma de la addenda del convenio del Palacio del Amo porque la consideraba ventajosa para el municipio, la responsabilidad de Andrés Ruiz Moya es la «desidia» y el no cumplir «lo que firma».
En cambio, la portavoz del PRC va más allá y considera que «no se trata solo de dejadez», sino que ve intencionalidad tanto en el acuerdo urbanístico como en que el alcalde haya «obstaculizado continuamente» la aprobación del Plan General. «¿De qué parte se encontraba el alcalde?» y «a favor de quién», se ha preguntado Carmen Ruiz, cuando el alcalde firmó esa addenda, contra la que el Grupo Regionalista votó en contra en el pleno, mostrando «serias dudas» de que el PGOU estuviese en vigor en la fecha establecida y temiendo las «nefastas consecuencias» que ello tendría.
Los regionalistas reclaman que el equipo de Gobierno justifique porqué «de forma indecente y autónoma ha hecho lo posible por no aprobar el Plan General». Todo el mundo, dicen «deben saber de una vez por todas que quien gobierna no defiende el interés de los vecinos», causando un «quebranto total» a las arcas municipales y piden la dimisión de Ruiz Moya.
Paulino Martín ha detallado que el «despropósito de la gestión de Moya en el PGOU empieza en el año 2003», cuando asumió las competencias de Urbanismo. El contrato para la revisión del Plan General se firmó en 2001 por importe de 100.000 euros y en 2015, trascurridos quince años y sin tener la aprobación inicial, Ayuntamiento y equipo redactor acordaron de mutuo acuerdo la rescisión de dicho contrato. A eso habría que sumar los 60.000 euros de la tramitación por vía de urgencia convocada recientemente para la redacción del nuevo Plan General. Un concurso que quedó desierto porque la única empresa que concurrió no presentó en tiempo y forma la documentación.
El portavoz popular ha sumado a eso unos 300.000 euros de gastos en procesos judiciales consecuencia de conflictos urbanísticos, «que se han perdido todos» y que podrían haberse resuelto si existiese el nuevo PGOU, reduciendo o evitando dicho coste. En total, serían ya 1,2 millones de euros en procesos judiciales, contrataciones, indemnizaciones… que el Ayuntamiento deberá pagar y que suponen, por ejemplo, el coste de la construcción de la Ciudad Deportiva que Suances necesitaría para completar sus equipamientos, ha asegurado Martín.
A lo largo de las dos últimas legislaturas se han aprobado varias mociones instando a fijar plazos y cumplir compromisos para sacar adelante el nuevo planeamiento, pero «el equipo de Gobierno decidió no ejecutar los mandatos plenarios». Por eso, la oposición es consciente de que el acuerdo que propondrán al pleno, en el que han renunciado a cobrar las dietas, «no va a salir».
Los dos grupos de la oposición pretenden que las cuestiones que hoy denunciaban ante los medios de comunicación se debatan en pleno, delante del alcalde y «abierto al público», para que los ciudadanos puedan valorar la situación. «Nuestra obligación como oposición es intentar que los suancinos lo sepan», han insistido populares y regiona