El Grupo Parlamentario Socialista, a través de su diputado Miguel Ángel Palacio, ha reprobado el «engaño» a los ciudadanos y el «burdo oportunismo electoral» de Ignacio Diego en relación a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Vuelta Ostrera, y ha exigido al presidente cántabro que «asuma sus responsabilidades».
Palacio ha explicado que el problema surgió con una sentencia firme del Tribunal Supremo que anulaba una decisión del Consejo de Ministros presidido por Aznar y que ordenaba la demolición de la EDAR de Vuelta Ostrera. Antes de las elecciones, siguiendo la recomendación de un jurista de prestigio, el actual consejero de Medio Ambiente –decía Diego- se comprometió a expropiar la sentencia, una solución que según aseguró, era fácil, seria, fundada en Derecho, tenía un altísimo interés social, ambiental y económico y contaba con un precedente en Valencia, ha recorado.
Ya en el Gobierno, ha añadido Palacio, Diego propuso la reforma de la Ley de Costas y ahora, después de más de año y medio de gobierno del PP «no hay solución alguna, con lo que demuestran su más absoluta incapacidad para cumplir lo prometido». Después llegó la «solución imaginativa», califica Palacio, del consejero de Medio Ambiente, que antes de ir a Madrid hizo unas manifestaciones en las que defendía que derribar la EDAR era un disparate, a la vuelta de Madrid dijo que las sentencias están para cumplirlas, y por último aseguró que la solución es difícil y que será acorde con el medio ambiente y con el principio de sostenibilidad, «cuando todo lo que se hace en Cantabria y España tiene que ser así».
Para el diputado socialista, «la única propuesta que existe es la que se está ejecutando y es la que garantiza la actividad de la depuradora y, por lo tanto, las condiciones ambientales y el tratamiento de los vertidos, hasta que la Administración busque una alternativa». A su juicio, está claro que la propuesta de expropiar la sentencia era «un engaño electoral y un fraude» y la reforma de la Ley de Costas para su legalización un «disparate», ya que si se utiliza la ley para legalizar la depuradora, se tendrán que legalizar todas las viviendas con sentencias de derribo, porque de lo contrario, «será un disparate y una injusticia».
Palacio ha criticado que se utilice la frustración que existe con esta sentencia como argumento para engañar a los ciudadanos «que es lo que ha hecho el Sr. Diego, con la ayuda del consejero de Medio Ambiente» y exigió a Diego que asuma su responsabilidad «al intenta burlar» los acuerdos alcanzados por las partes personadas; Gobierno Central, Gobierno de Cantabria, ARCA y la Sala del TS. Acuerdos que, según ha señalado, garantizan la ejecución de la sentencia en un tiempo razonable y que permiten a las Administraciones Públicas buscar soluciones respetuosas con el medio ambiente y con el principio de legalidad.
El parlamentario ha anunciado que su grupo está preparando una iniciativa parlamentaria, primero para denunciar y reprobar el engaño del presidente del Gobierno y exigir que asuma sus responsabilidades y para solicitar al Gobierno que colabore activamente con la justicia y que busque el acuerdo con los que ganaron el pleito – ARCA – para si es posible, mejorar los acuerdos de la ejecución de la sentencia o al menos mantenerlos.
Por último, ha recomendado a Diego y Fernández que «no utilicen atajos» ya que «el camino recto es el seguro y el que garantiza el interés general» y les recordó que «en la defensa del Estado de Derecho, las sentencias firmes forman parte de ese Estado de Derecho».