El Grupo Municipal Regionalista de Suances ha rechazado por «inmoral, indecente e irresponsable» el pago de más de 100.000 euros de dinero público (97.752,52 más IVA) a un constructor, que el Ayuntamiento tendrá que afrontar mañana por mantener el equipo de Gobierno socialista «la demora injustificada» del Plan General de Ordenación Urbana.
Los regionalistas han recordado que el actual alcalde, el socialista Andrés Ruiz Moya, «tiene entre sus manos y bajo su responsabilidad directa» la reforma del planeamiento urbanístico desde 2003, pero hasta la fecha y aunque han transcurrido 14 años «no ha sido capaz de presentar siquiera un avance». Una situación que, a su juicio, sólo puede responder a dos razones: «o bien estamos ante una incapacidad realmente monumental, o es que existen motivos ocultos y no confesados para impedir que el nuevo planeamiento sea una realidad».
Para el PRC, el Plan La Bárcena se ha convertido en «uno de los mayores despilfarros de dinero público ocurrido en Suances», ya que el Ayuntamiento «acabará pagando 700.000 euros por una parcela de 38.000 metros cuadrados, de los cuales prácticamente el 85% se encuentran en una pendiente del 100%». Por eso consideran que «el negocio ha sido redondo, pero no para el municipio, y mucho menos para los vecinos»-
Con el nuevo pago de 100.000 euros serán ya alrededor de 330.000 los euros desembolsados con cargo a las arcas municipales como consecuencia de un convenio urbanístico que hasta ahora «sólo ha servido para indemnizar a un empresario», explican los regionalistas.
A su juicio, esta cantidad y los 100.000 anuales que el Ayuntamiento debe afrontar en los 4 próximos años «deberían destinarse a políticas sociales y a apoyar a los suancinos que más lo necesitan, pero van a acabar en los bolsillos de un constructor, como consecuencia la gestión negligente e irresponsable del alcalde».
El Grupo Regionalista ya advirtió de esta situación cuando, en 2014, el equipo de Gobierno socialista dio el visto bueno a una modificación del convenio del Plan La Bárcena, por la que asumía el pago de dicha cantidad al constructor si la modificación del Plan General de Ordenación Urbana no estaba realizada antes del 1 de enero de 2017, como finalmente así ha sido.
En aquel momento, el PRC no sólo votó en contra, sino que también cuestionó «las auténticas razones» de un acuerdo de esa naturaleza y advirtió de que el PGOU no se aprobaría en el plazo establecido.
«Por desgracia, el tiempo nos ha dado la razón y el alcalde de Suances ha consumado un gravísimo atropello a las arcas públicas y a los intereses generales, que hasta el momento nos ha costado más de 330.000 euros a todos los suancinos», han recalcado los regionalistas.