La portavoz del Gobierno y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha asegurado que la decisión del Tribunal Constitucional que declara nula la disposición que amparaba la continuidad de la depuradora de Vuelta Ostrera «echa abajo una propuesta del PP de Cantabria» que había prometido, a través de la ley de Costas, legalizar esta instalación.
Según la consejera de Medio Ambiente las consecuencias que se derivan de las decisiones del PP «costarán a los cántabros y las cántabras 87 millones de euros», por este motivo, ha solicitado al Partido Popular y a Ignacio Diego que acepte alguna responsabilidad sobre este asunto.
Díaz Tezanos considera que «el Consejo de Ministros, presidido por el señor Aznar, tomó la decisión de ubicar la depuradora en Vuelta Ostrera», una decisión que fue anulada por el Tribunal Supremo por ilegal, «lo que pone en evidencia su fracaso».
Esta sentencia del TC estima parcialmente el recurso planteado por el PSOE a Ley de Costas aprobada por el Gobierno del PP en 2013 y anula algunas partes que considera que rebajan la protección del litoral. Entre ellas esa disposición adicional novena de la Ley de Costas que, según el Constitucional, «vulnera la potestad de jueces y tribunales para hacer ejecutar lo juzgado al desplazar esta decisión a la Administración y, con ello, también el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes, al obstaculizar de forma indebida y desproporcionada el cumplimiento del fallo judicial».
La portavoz del Gobierno asegura que el Gobierno de Diego prometió, en campaña electoral, «expropiar la sentencia», lo que demuestra que en «su intento de engaño a los ciudadanos fracasó».
Asimismo, ha resaltado que el consejero de Medio Ambiente del gobierno del PP, Javier Fernández, con su promesa de legalizar Vuelta Ostrera con la Ley de Costas, evidencia que adoptó una decisión que «ha resultado nula por inconstitucional».
En 2013 el Tribunal Supremo descartó aplicar la Ley de Costas para asegurar el futuro de la depuradora de Vuelta Ostrera, en respuesta a un recurso del Gobierno central, y añadió que la continuidad de la instalación estaba ya garantizada con el calendario de ejecución de la sentencia de derribo.
La demolición de esa instalación fue ordenada en 2005 por el Tribunal Supremo al señalar que invadía el dominio público marítimo terrestre de manera injustificada, ya que existían otras ubicaciones posibles para esa depuradora.