El Juzgado de lo Social número 5 de Santander ha condenado al Ayuntamiento de Suances a pagar 7.250 euros a dos trabajadores eventuales a los que negó la aplicación del convenio colectivo correspondiente al personal laboral, por estar contratados con cargo a una subvención del Gobierno de Cantabria como peones para la realización de labores de limpieza y desbroce.
La sentencia que da la razón a los dos operarios que denunciaron al Ayuntamiento al entender que sus salarios debían ser acordes a las cantidades establecidas en el convenio colectivo del personal laboral ha sido dada a conocer hoy por el portavoz municipal del PRC, Guillermo Blanco, en un comunicado.
El Juzgado respalda la pretensión de los trabajadores y determina el pago de 3.293,16 euros a cada uno de los demandantes, más un 10% en concepto de intereses de demora, al considerar que el hecho de haber sido contratados al amparo de una subvención «no faculta condiciones laborales por debajo del ordenamiento jurídico».
La sentencia señala textualmente que «las administraciones pueden acogerse o no a las distintas subvenciones que se les ofrecen, pero si lo hacen ello no les exonera de cumplir el ordenamiento jurídico», dejando de manifiesto que en este caso el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Suances «era de aplicación».
Aunque el fallo afecta únicamente a los dos trabajadores que han presentado la demanda, Guillermo Blanco ha advertido que en total fueron 64 los operarios contratados en estas condiciones, por lo que ha augurado nuevas demandas contra el Ayuntamiento «con graves repercusiones económicas»
.Además de expresar su «preocupación» por las posibles consecuencias para la «maltrecha» economía municipal, el portavoz regionalista ha acusado al alcalde, el socialista Andrés Ruiz Moya, de «fomentar infrasueldos de 600 euros por 8 horas de trabajo, cuando el convenio contempla que deben ser de 1.100 euros mensuales».
«Nos parece un auténtico abuso, máxime cuando ahora comprobamos que esos salarios se han pagado en contra de lo que establece la ley», ha recalcado. Asimismo, ha instado al regidor a «asumir su error y acatar la sentencia» para que esta situación no se repita con las 95 contrataciones previstas para 2015 con cargo a la nueva convocatoria de subvenciones del Gobierno de Cantabria.
Finalmente, ha abogado por «un mayor rigor y responsabilidad» en la gestión municipal para poner fin a la «sucesión de sentencias contrarias» que acumula en este momento el Ayuntamiento, «con un importante coste económico en perjuicio de todos los vecinos».