El Ayuntamiento de Santillana del Mar, a instancias de los servicios jurídicos, ha decidido trasladar al Ministerio Fiscal el presunto desfalco detectado en los aparcamientos municipales este verano, que se ha cifrado en unos 28.000 euros. El Consistorio ha tomado la decisión de llevar a los tribunales el caso una vez finalizada la fase de instrucción realizada por los servicios jurídicos, en la que se ha detectado malversación de fondos públicos.
Los responsables del presunto desfalco son 6 trabajadores del Consistorio, uno de los cuales tiene la condición de funcionario y los otros cinco son personal laboral, ha subrayado el Ayuntamiento, aclarando que «en ningún caso» son responsables los trece operarios que desarrollaron su trabajo en los aparcamientos municipales.
En un comunicado, el equipo de Gobierno (PSOE), ha explicado que se han realizado «todas las actuaciones previas necesarias» en una causa instruida por el interventor municipal, asesorado por el secretario del Ayuntamiento. En dichas actuaciones se procedió a la resolución de iniciación del procedimiento que se notificó a los presuntos responsables, que decidieron no presentar alegaciones al procedimiento.
Una vez finalizado el plazo de instrucción y de alegaciones, el interventor procedió a examinar si todas las actuaciones, además de vulnerar normas de derecho administrativo y de derecho laboral, vulneraban también normas de derecho penal. La conclusión del instructor ha sido que, efectivamente se ha producido una conculcación de normas de derecho penal, en concreto, malversación de fondos públicos.
Ante la apreciación del presunto delito de malversación de fondos públicos, el instructor de la causa tenía la obligación de comunicar los hechos al ministerio fiscal y la instrucción ha sido presentada ante la Fiscalía el pasado lunes 31 de octubre.
Según el equipo de Gobierno que encabeza el socialista Isidoro Rábago, «ahora sólo queda esperar la respuesta de la Fiscalía». Si el Ministerio fiscal considera que existen motivos para iniciar un procedimiento penal el ayuntamiento suspendería el procedimiento administrativo y laboral, mientras que si la fiscalía no iniciara el procedimiento penal el Consistorio anuncia que «continuaría con el procedimiento administrativo y laboral».
Mientras, el PP ha afirmado hoy que este caso «se ha gestionado mal desde el equipo de gobierno socialista», ya que cuando el alcalde compareció para informar a la opinión pública «la alarma social creada en Santillana del Mar había alcanzado grandes proporciones». Según el portavoz del PP, Agustín García, el alcalde «lejos de exculpar a los trabajadores que no tenían nada que ver en el asunto, dio unas explicaciones muy vagas y sobre todo se dedicó a salvaguardar el buen nombre del equipo de Gobierno».
A su juicio, en el ‘caso parking’ confluyen una serie de aspectos que «dejan muy a las claras la falta de control con la que se gobierna en el ayuntamiento de Santillana del Mar». García considera que ha habido un «fallo» en la cadena de custodia de los talonarios que «son papel, pero un papel susceptible de convertirse en dinero».
«Es inverosímil que un alcalde diga que los talonarios llegan al Ayuntamiento, se numeran y se guardan en un armario que siempre está abierto, porque aquí las puertas no se cierran», ha reprochado García. «Afirmaciones como estas dejan muy a las claras la manera de gobernar de nuestro alcalde con una desidia y falta de rigor impropios del cargo que ostenta», ha añadido.
Para el portavoz del PP «cada vez que hay dinero en circulación saltan las alarmas para la oposición, hoy es el ‘caso parking’, pero antes fue el caso del campo de futbol o el caso Bisontere».
También se ha referido a la actitud mantenida por el PRC, partido al que ha calificado de «oportunista» y ha acusado de «intentar sacar rédito político de un tema sumamente grave, tomando esta situación desde una postura electoralista». Los regionalistas, ha dicho, «se han adelantado a los acontecimientos, creando más alarma social cuando aseguraban que sin denuncia ante la Guardia Civil el ‘caso parking’ era papel mojado y se iba a quedar en nada». En su opinión «tanto se han adelantado que se han equivocado, el caso va a la Fiscalía sin tener que mediar denuncia alguna ante la Guardia Civil». Por eso, ha criticado que afirmaciones de eso «solo contribuyen a que se desconfíe de la labor de los técnicos de nuestro Ayuntamiento».
García ha explicado que el PP ha mantenido un «escrupuloso silencio» desde el «respeto» al informe que estaban realizando los técnicos en los que tienen «absoluta confianza por su independencia y profesionalidad».
«Somos un partido serio y no especulamos con casos de tanta trascendencia» ha subrayado el portavoz del PP quien ha añadido que, en todo momento, la «preocupación» de su partido ha sido que «se respete la presunción de inocencia y se cumpla la legalidad». Al respecto ha concluido que «ahora será el fiscal el que tome las decisiones oportunas».