El equipo de Gobierno PRC-PSOE llegará «hasta el final» sobre la presunta «financiación ilegal» del PP en el Ayuntamiento de Reocín durante la pasada legislatura por el «desvío» de la recaudación por el suministro de agua al pago de «otro tipo de facturas», mientras se acumuló una deuda de unos dos millones de euros con el Ejecutivo regional.
El equipo jurídico del Ayuntamiento estudiará las medidas a adoptar para depurar responsabilidades políticas y técnicas, pero de forma inmediata socialistas y regionalistas han pedido, apelando a «la poca dignidad que les pueda quedar», la «dimisión en bloque» de los concejales del PP por haber «mentido vilmente a los vecinos» de Reocín.
El alcalde, Pablo Diestro (PRC), y el teniente de alcalde, Mario Iglesias (PSOE), han explicado que en pleno extraordinario, la Corporación ha aprobado hoy con los votos del equipo de Gobierno la firma de una «hipoteca» con el Ejecutivo cántabro para pagar a diez años la deuda por el suministro de agua, que asciende a 1.835.702 euros. La decisión ha recibido el voto en contra del PP, con la ausencia del ex alcalde Miguel García Cayuso alegando motivos de salud, y la abstención de Reocín Puede.
«No queremos que los vecinos sufran la incompetencia, negligencia y falta de escrúpulos que mostró el anterior equipo de gobierno del Partido Popular al subir por dos veces el recibo del agua alegando que era deficitario, cuando era plenamente consciente de que ni lo pagaba ni lo iba a pagar», ha señalado Diestro.
Con este acuerdo plenario, que se ha tomado el mismo día en que la deuda entrega en periodo ejecutivo –suponiendo intereses, recargos y costas-, se culmina un año de negociación entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria, en el que se ha llegado a un acuerdo sobre las cantidades adeudadas, los intereses y el plan de pagos. Finalmente se ha optado por el pago a diez años, porque un periodo menor sería «inasumible» para las arcas municipales y aumentar el plazo «dispararía los intereses».
Fruto de este acuerdo, y después de que algunas facturas hayan vencido, la deuda se ha fijado en 1.835.702 euros, de los que 1.584.546 euros corresponden a impagos y 251.000 a intereses, que se abonarán hasta enero de 2017, a razón de 160.000 euros anuales. Esta cantidad se sumará al abono anual del suministro, de modo que durante los próximos diez años el Ayuntamiento deberá destinar 560.000 euros anuales al pago del agua, lo que representa más del 10% del presupuesto municipal.
Además, se ha acordado con el Gobierno regional, al que han agradecido su buena disposición a encontrar una solución y la aceptación de los consumos aportados por el Ayuntamiento, establecer un nuevo sistema de contadores a la entrada del municipio una vez se concluyan las obras de la nueva tubería de abastecimiento de Ruente, evitando futuras discrepancias de facturación.
Diestro e Iglesias han destacado que esto obligará al Ayuntamiento a un «ejercicio de contención del gasto» y a velar por una «estricta ejecución presupuestaria», limitando, cuando no desestimando, las inversiones. Para un Ayuntamiento que acumula una importante deuda a proveedores, este nuevo revés supone que si el horizonte para lograr el equilibrio presupuestario estaba puesto «en 2013, ahora se va a 2027».
Según el alcalde, el equipo de Gobierno tiene puestas sus esperanzas en el Fondo de Cooperación Municipal, que asciende a unos 240.000 euros, para poder incluir alguna inversión en el presupuesto de 2017. «Somos pobres, pero honrados», ha insistido Diestro, para trasmitir que la política de PRC y PSOE es no incrementar el endeudamiento del municipio, con un nivel de ejecución presupuestaria «que hace muchos años que no se realizaba así».
Del mismo modo, han querido lanzar un mensaje de «tranquilidad a los vecinos», garantizando que esto no afectará a la prestación de los servicios municipales.
El regidor no ha querido pronunciarse sobre las responsabilidades técnicas que conllevan los impagos de facturas durante cuatro años. «No somos juristas», ha dicho, y aunque entiende que hay responsabilidades, ha preferido que sean los servicios legales, y en su caso los tribunales, los que determinen su alcance político y técnico.