Los afectados por la delimitación del entorno de protección de la finca de la familia Botín en Puente San Miguel como Jardín Histórico han denunciado hoy la «mala praxis» y el «uso fraudulento» por parte del Gobierno de Cantabria de los mecanismos legales en materia de Patrimonio en la tramitación del expediente.
El presidente de la Asociación de Damnificados por la Finca de la Sociedad Puente San Miguel, Juan Carlos Iglesias, ha anunciado que seguirán luchando para «demostrar fehacientemente» que el de la familia Botín «no es jardín histórico», y por tanto no se pueden aplicar los criterios utilizados por el Gobierno regional para la declaración del entorno de protección solicitado por los propietarios.
Los damnificados han puesto en marcha una «campaña de comunicación» para «dejar en evidencia la mala praxis» del Gobierno de Cantabria ante los organismos estatales en materia de cultural, tras publicarse este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) del acuerdo del Consejo de Gobierno aprobando la delimitación del entorno de protección del jardín, han informado hoy en un comunicado.
En el acuerdo se justifica la delimitación para «garantiza su mantenimiento» y «preservar su identidad y el contenido cultural del que es portador».
Los afectados han presentado sendos recursos extraordinarios de revisión contra la delimitación ante el Ministerio y la Consejería de Cultura, defendiendo que el entorno de protección establecido perjudica sus derechos como propietarios de fincas.
Estos recursos es la segunda vez que se presentan. La primera vez se tramitaron como recurso de alzada contra la primera delimitación del entorno, que afectaba a más más terrenos que la actual y que decayó tras el informe negativo de varios organismos, como el Colegio de Arquitectos y el Centro de Estudios Montañeses.
Estos organismos informaron que la zona de jardín se realizó en los años 80 en lo que hasta entonces eran praderías, tierras de cultivo y zonas agrícolas, por lo que no podía recibir la categoría de «jardín histórico».
La zona de protección aprobada ahora por el Gobierno de Cantabria afecta a una franja de cuatro metros de ancho alrededor de la finca de la familia Botín. La propiedad tiene 27,86 hectáreas y el denominado «jardín viejo» ocupa 2,14 hectáreas, según el presidente de la Asociación de Damnificados ya que el resto eran prados, maizales y plantaciones de lúpulo hasta hace unas décadas.
Los afectados rechazan esta nueva zona de protección, a pesar de ser menor, con los mismos argumentos, basados en que el jardín no tiene «casi ningún valor paisajístico», por lo que no entienden que se conceda la misma catalogación que a las Cuevas de Altamira a unos terrenos que hasta hace un tiempo eran prados.
El «arboretum» o «jardín viejo» fue creado hace unos 130 años por Marcelino Sanz de Sautuola -descubridor junto a su hija de la cueva de Altamira- mediante la plantación de diversos ejemplares autóctonos y exóticos que sus descendientes fueron completando a lo largo de las distintas generaciones.
En 1986 fue declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de jardín histórico, catalogación que se pretende aplicar a una finca con una superficie total de 27,86 hectáreas, dentro de la cual está el «arboretum» y una casona que data de 1900.