El Grupo Municipal Socialista de Reocín ha reiterado el ofrecimiento que hizo al equipo de gobierno en el pleno ordinario celebrado el pasado martes, el primero tras la crisis sanitaria, para pactar medidas económicas y sociales que amortigüen los efectos de la pandemia.
La oposición «no estamos solo para recordarle sus fallos y ponerle palos en las ruedas buscando que su caída se traduzca en nuestro crecimiento», ha señalado el portavoz del Grupo Socialista, Julio Ruiz de Salazar. «Queremos ser útiles a la ciudadanía y eso significa proponer a quien gobierna propuestas de mejora para todos», ha manifestado. «Aquí sentados en el pleno estamos de paso, pero estoy seguro que los acuerdos que nazcan con el mayor consenso de esta corporación serán buenos y serán llamados a perdurar en el tiempo», ha añadido.
Los socialistas consideran que «es el momento de demostrar a la ciudadanía que sabemos trabajar unidos, aparcando las diferencias por el bien común y seguir la línea de trabajo iniciada con las ayudas para empresarios, autónomos y trabajadores afectados por la pandemia, que nació fruto del acuerdo de toda la Corporación Municipal».
En el pleno, el PSOE votó a favor de la concesión de la Medalla de Oro a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil; de la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica, a la que presentaran en su periodo de aprobación inicial una sugerencia de mejora que el PRC se ha comprometido a aceptar; y a una modificación presupuestaria de 96.000 euros destinada a financiar las líneas de ayuda a empresarios, autónomos y trabajadores afectados por la pandemia.
Del mismo modo, han explicado que el Grupo Socialista se abstuvo en la votación para aprobar Presupuesto para 2020 afirmando que su voto «hubiera sido a favor si se hubieran recogido por escrito y no de palabra sus propuestas».
Finalmente, los socialistas votaron en contra de la aprobación definitiva a la adjudicación del contrato de concesión del servicio de alumbrado público exterior, «al estar en contra» de lo que califican de «privatización a diez años», cuando, a su juicio, «se podría haber hecho con recursos propios, manteniendo el carácter público del servicio y habiendo amortizado la inversión en menos tiempo».