La Consejería de Empleo y Políticas Sociales ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Cantabria una Resolución que permitirá al Gobierno regional continuar tramitando durante el tiempo que dure el estado de alarma una veintena de programas de carácter social, de los que se benefician cerca de 25.000 personas.
Según ha explicado la consejera Ana Belén Álvarez, los procedimientos administrativos quedaron suspendidos con carácter general tras la entrada en vigor de la declaración del estado de alarma. Para evitar el «bloqueo jurídico y administrativo», la Consejería de Empleo y Políticas Sociales ha publicado una resolución que liberará de estas restricciones a una veintena de programas, entre ellas, las ayudas al alquiler y la Renta Social Básica.
Concretamente, en materia de vivienda, la resolución garantiza el pago a las personas que tienen concedida la ayuda de alquiler, así como el pago del alquiler que se concede a personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual.
Por lo que respecta a las ayudas que gestiona el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), la consejera ha explicado que están incluidas en la resolución las ayudas económicas a víctimas de violencia de género, las prestaciones vinculadas a la Ley de la Dependencia, la pensión no contributiva y la Renta Social Básica. Y dentro del área de Infancia, Adolescencia y Familia se garantizan las prestaciones económicas a familias acogedoras, apoyo a la emancipación y ayudas del sistema de protección a la infancia y la adolescencia para colectivos en riesgo.
También en materia de empleo se han liberado seis decretos de ayudas de concesión directa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida; al fomento del empleo de las personas con discapacidad; el abono de cuotas de la Seguridad Social a los trabajadores que tengan reconocida la prestación por desempleo en su modalidad de pago único; las subvenciones destinadas a la promoción del empleo autónomo; los programas de formación profesional para el empleo relativas al régimen de becas y ayudas a personas desempleadas y, finalmente, las subvenciones a centros especiales de empleo destinadas al mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad.
A este respecto, la consejera ha explicado que el objetivo principal es tramitar aquellas solicitudes que ya se habían presentado para aportar liquidez a desempleados, autónomos, PYMES y Centros Especiales de Empleo, que son receptores de ayudas y que se encuentran en una situación tan crítica y excepcional como la actual.
La consejera ha explicado que la secretaría general y los servicios jurídicos de su departamento llevan trabajando en esta resolución desde la semana pasada, para que su publicación cuente «con todas las garantías jurídicas». «Se trata de que la declaración del estado de alarma no paralice la tramitación de la concesión y el pago de una serie de ayudas que ahora son más necesarias que nunca», ha recalcado Ana Belén Álvarez.
En este sentido, la consejera ha subrayado que las personas beneficiarias de estos programas «pueden estar tranquilas porque se han hecho todo el trabajo para que el pago esté garantizado». También ha añadido que las convocatorias se mantendrán abiertas a nuevas solicitudes.