Los grupos municipales regionalista y socialista han unido sus votos para urgir la convocatoria de un pleno extraordinario en Polanco y debatir una moción conjunta en la que instan al Ayuntamiento a personarse como acusación particular y perjudicado en el procedimiento penal abierto contra la empresa Goes, los ingenieros redactores y los directores de la obra del pabellón polideportivo de Requejada.
Con esta iniciativa, PRC y PSOE quieren poner fin a las «largas» del alcalde, Julio Cabrero (PP), ante sus llamamientos para que el Consistorio emprenda acciones legales para reclamar daños y perjuicios a los técnicos que dirigieron el proyecto y la obra del pabellón y certificaron modificados que encarecieron la construcción en más de 1 millón de euros.
Para ello, también proponen requerir a la arquitecto municipal, que además fue la directora de las obras, a finalizar el informe sobre el coste total de este proyecto y concretar las cuantías imputables a la acción dolosa o negligente de los técnicos y la empresa adjudicataria.
Regionalistas y socialistas, según han informado en un comunicado, han decidido presentar esta moción conjunta al considerar que el alcalde «está retrasando sin ninguna justificación» la toma de medidas legales por el Ayuntamiento, en contra de lo acordado por la Corporación en marzo de 2013 y aunque el caso se encuentra a punto de prescribir.
En este sentido, han recordado que Cabrero manifestó en el pleno del pasado 25 de septiembre, en respuesta a una interpelación de la portavoz del PRC, Rosa Díaz, su intención de realizar una consulta a los servicios jurídicos municipales e informar a la oposición. «Han pasado más de dos meses y no sólo no se nos ha informado de ninguna decisión, sino que siquiera tenemos constancia de que se haya consultado a los servicios jurídicos», han precisado.
Asimismo, han cuestionado la falta de información sobre el coste final de las obras del pabellón, una vez recibidas por el Ayuntamiento, por lo que han urgido a Cabrero a «despejar todas las dudas» e impulsar la personación en el procedimiento, para que el Consultorio pueda reclamar responsabilidad civil a los técnicos, «sin perjuicio de las consecuencias penales que pudieran derivarse de sus acciones».
Una vez registrada la solicitud de pleno extraordinario de la oposición, el alcalde cuenta con un plazo de seis días para proceder a la convocatoria de la sesión en la que debe someterse a debate y votación la propuesta de acciones legales que defienden PRC y PSOE.