Los concejales del PRC y el PSOE en el Ayuntamiento de Polanco han solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para urgir al alcalde, Julio Cabrero (PP), el cumplimiento del acuerdo aprobado por la Corporación hace casi un año para ejercer acciones legales y reclamar daños y perjuicios a los técnicos que dirigieron el proyecto y la obra del pabellón polideportivo y que certificaron modificados que encarecieron la construcción en más de un millón de euros.
La portavoz regionalista, Rosa Díaz, ha dado a conocer hoy la petición, en la que la oposición también reclama la convocatoria en el plazo de 15 días de la Comisión de Investigación constituida sobre esta obra, con la asistencia de los asesores jurídicos municipales para determinar las acciones a ejercitar frente a la dirección facultativa y concretar un plazo para la interposición de la correspondiente demanda judicial.
Díaz, en un comunicado, ha lamentado la «inacción» que hasta ahora ha mantenido el alcalde respecto al acuerdo que la Corporación adoptó el 26 de marzo de 2013, en base a un informe de la arquitecto municipal que reveló no sólo posibles negligencias por parte de los técnicos, sino también deficiencias y omisiones en el proyecto original y otras regularidades relacionadas con certificaciones y recepciones de obra improcedentes.
«El informe de la arquitecto no deja lugar a dudas y acredita sobradamente al Ayuntamiento para exigir daños y perjuicios a los responsables técnicos de la empresa constructora, por lo que no entendemos a qué espera Cabrero y por qué demora el ejercicio de unas acciones que deben restituir al municipio las pérdidas que se han producido en la construcción del pabellón», ha explicado.
Asimismo, ha denunciado que la Comisión de Investigación constituida a propuesta del PRC no se ha convocado desde mayo de 2013, a pesar del acuerdo para que las reuniones tuvieran periodicidad bimensual.
Díaz ha recordado por último que a finales de marzo concluirá el plazo para la entrega del pabellón por la empresa Tragsa y en ese momento el Ayuntamiento tendrá que afrontar el sobrecoste de 1.080.000 euros provocado por la actuación de la dirección facultativa, por lo que «no se puede demorar más la ejecución del acuerdo plenaria en defensa de los intereses del Ayuntamiento».