La Fiscalía de Cantabria ha abierto diligencias de investigación sobre lo ocurrido con los gatos comunitarios en el municipio de Polanco tras la denuncia interpuesta por la Federación Dean por incumplimiento de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales.
En un comunicado, la presidenta de la federación, Victoria Cedrún, se ha mostrado satisfecha de conocer que este organismo judicial haya abierto las diligencias y de que «se investigue cualquier cuestión que ponga mínimamente en duda, no sólo el cumplimiento de la legislación vigente en materia de gestión de colonias felinas mediante el método CER (Captura-Esterilización-Retorno), sino la falta de apoyo y protección desde el Consistorio al voluntariado que atiende a los gatos comunitarios, impidiendo además, su labor».
El Ministerio Público da este paso a raíz de la denuncia presentada por la Federación DEAN, que tiene como objetivo «clarificar si hay algún tipo de delito en la gestión de los gatos comunitarios por parte del Ayuntamiento de Polanco», porque en función de las gestiones realizadas y de los informes que dispone DEAN, emitidos por la empresa que lleva el servicio de recogida de animales abandonados, consideran que sí ha habido ilegalidad.
El artículo 39 de la Ley 7/2023, establece que «corresponde a las entidades locales la gestión de los gatos comunitarios, a cuyos efectos deberán desarrollar Programas de Gestión de Colonias Felinas», señalan desde DEAN.
De igual forma, desde la federación destacan que «la dejadez del equipo de gobierno en materia de bienestar animal, el incumplimiento de la legislación vigente y la falta de apoyo al voluntariado es evidente», porque el artículo 42 de la Ley Estatal prohíbe la reubicación de colonias felinas. Según señala la ley, en caso de ser estrictamente necesario, ‘las acciones de retirada para la reubicación o desplazamiento en otro espacio preservarán el bienestar de los gatos comunitarios y las colonias felinas y se realizarán bajo supervisión veterinaria y previo informe preceptivo del órgano competente de la comunidad autónoma’, añadiendo que el artículo 10 de la Ley 45/2015 de 14 de octubre de Voluntariado, recoge el derecho de los voluntarios y voluntarias a recibir información, orientación y apoyo, así como los medios materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones».
Recalcan que capturar a los gatos para ser trasladados a unas instalaciones donde permanecerán confinados a la espera de su adopción es atentar contra su bienestar. De hecho, indican que el Anexo IX de la Directriz Técnica de la Dirección General de Derechos de los Animales sobre Gestión de Poblaciones Felinas publicada el pasado 1 de agosto, dispone que el confinamiento temporal de gatos comunitarios tiene que respetar unas mínimas condiciones que se adapten a su naturaleza no socializada con el fin de minimizar el estrés y mantener, dentro de lo posible, las mejores condiciones de bienestar para estos gatos, añadiendo que no deberán mantenerse los gatos en estos recintos por un periodo de tiempo superior a las tres semanas.
Desde Dean explican también que la citada Directriz Técnica establece en su apartado 6.3.2. que «el papel de las personas cuidadoras es fundamental para asumir la gestión en la mayor parte de las zonas donde habitan los gatos comunitarios…». «Debido a su especial conocimiento de los gatos y las colonias, las personas cuidadoras son fundamentales en la vigilancia de éstas, pero también en la colaboración y realización del proceso de captura, esterilización y retorno y en el control de la alimentación de los gatos».
En el caso de Polanco, señalan, «el Ayuntamiento ha hecho todo lo contrario a lo que se tiene que hacer, demostrando por un lado, su escaso conocimiento de lo que es un protocolo de gestión de colonias felinas que debe abordar no sólo los gatos que viven en libertad o semilibertad, sino también a los gatos abandonados o extraviados, así como gatos merodeadores que deberán ser gestionados de acuerdo con sus características». Y por otro lado, ignorando completamente el efecto vacío, ya que al retirar la población de una zona, tarde o temprano el hábitat vacío atrae a otros miembros de la misma especie que se trasladan para aprovechar los recursos tales como refugio y comida que atrajeron al primer grupo», sentencian.
Por todo ello, Cedrún, ha asegurado que DEAN «ha hecho lo que tenía que hacer y ante la sospecha de irregularidades, hemos actuado con sensatez y seriedad cumpliendo los fines que reflejan nuestros Estatutos».
Finalmente, han añadido que están «a la espera de que la Fiscalía clarifique todas las responsabilidades y posibles ilícitos si los hubiera, y agradecemos la celeridad con la que se ha comenzado la investigación», concluye.