La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha acordado desestimar íntegramente el recurso presentado por un vecino contra la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Polanco, que fue ratificado por la CROTU en abril de 2016, por lo que pedía su anulación completa.
La sentencia, contra la que según el Ayuntamiento de Polanco solo cabe recurso en el caso de que concurra algún supuesto de interés casacional objetivo, responde a una iniciativa promovida contra el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Polanco, y en ella se condena en costas a la parte actora.
La demanda del vecino se presentó en diciembre de 2016, varios meses después de acuerdo de la CROTU, y en ella pedía la anulación del acuerdo de aprobación definitiva del PGOU de Polanco por considerar que era contrario a derecho, y que se modificase la clasificación de dos parcelas de su propiedad a suelo urbano.
Los magistrados destacan en su sentencia que coinciden con el criterio de la CROTU ya que en ningún caso se cambia el modelo territorial diseñado en la aprobación inicial del PGOU, ni se afecta a una gran superficie de suelo, y todos los cambios están motivados, tal y como consta en el propio informe de la CROTU estudiado.
Respecto a la petición de que las parcelas se consideren urbanas, los magistrados rechazan los argumentos del vecino destacando que las mismas se encuentran fuera de la malla urbana y completamente separadas por los viales.
Además, se destaca que no disponen de los servicios básicos necesarios para que tengan las características adecuadas para ser suelo urbano.
Tras conocer la sentencia, la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz Fernández, ha manifestado la satisfacción del equipo de gobierno porque constata que los beneficiarios del nuevo planeamiento urbanístico «son todos los vecinos» del municipio, los mismos que ya tuvieron que padecer los perjuicios ocasionados por la anulación del PGOU de 2005.
A su juicio, esta sentencia es «un paso adelante» en la consolidación del nuevo planeamiento urbanístico que fue aprobado en 2016 con el consenso de dos Corporaciones de distinto signo político.
Además, cree que la sentencia «está muy bien fundamenta» y ello es, en buena parte, ha dicho, por el «gran trabajo» realizado tanto por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Polanco y del Gobierno regional encabezados por el letrado Vicente Mediavilla.