Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Polanco están ultimando una demanda, por la vía civil, contra dos técnicos que se encargaron de la dirección de obra del pabellón deportivo de Requejada, a loa que reclamará 500.000 euros por un presunto delito de «responsabilidad contable por alcance». La alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, ha anunciado que, de forma paralela, el Tribunal de Cuentas ha abierto enjuiciamiento por los mismos motivos a estos dos técnicos, directores de obra y redactores del proyecto del pabellón.
Los dos técnicos están acusados de «firmar certificaciones» por trabajos que «no estaban realizadas» y que ascenderían a un importe de unos 76.000 euros. Además, ha dicho Díaz, hay otras certificaciones «de obras que no debían haberse recepcionado porque no estaban en condiciones» y de trabajos que «estaban en mal estado por carencias en el proyecto inicial».
El polideportivo de Requejada ha estado rodeado desde el inicio de problemas en la ejecución y los plazos y una vez acabado ha dejado un reguero de litigios judiciales, que incluso llevaron al anterior alcalde, el popular Julio Cabrero y su equipo de Gobierno ante los tribunales, que finalmente archivaron la causa. Ahora el punto de mira está en la responsabilidad de los técnicos en las irregularidades del proyecto.
La alcaldesa ha explicado que el instructor del caso en el Tribunal de Cuentas decidió inicialmente archivar la instrucción por «responsabilidad contable por alcance», pero el Ayuntamiento de Polanco y el propio Ministerio Fiscal de este organismo presentaron alegaciones. Ahora el Tribunal de Cuenta ha comunicado esta misma semana que se han aceptado las alegaciones y se ha citado al Ayuntamiento a personarse dentro de nueve días hábiles en el proceso de enjuiciamiento contra estos técnicos, a los que se «asimilará» la responsabilidad a la del personal funcionario por el manejo de dineros públicos.
En cuanto a la demanda del Ayuntamiento, que el equipo de Gobierno PRC-PSOE cree que estará lista en mayo, irá contra los técnicos por la vía civil porque en la anterior legislatura el PP y los abogados entonces contratados «dejó morir la vía penal». A su llegada, el nuevo equipo de Gobierno retomó la causa y contrató nuevos servicios jurídicos con los que ha optado por la vía civil para reclamar a esos dos técnicos el importe en que se valora el «quebranto económico» causado al Consistorio por esas certificaciones que se consideran irregulares.
El Ayuntamiento, ha avanzado la alcaldesa también demandará civilmente a la empresa que ejecutó la obra, aunque en este caso el problema es que «la empresa no sabemos ya dónde puede estar, porque desapareció», por lo que la responsabilidad económica, si los tribunales fallan que la hubo, deberá ser asumida por los técnicos y sus seguros de responsabilidad civil.