El Gobierno de Cantabria ha presentado al Observatorio de la Vivienda la estrategia en esta materia para el periodo 2018-2021, que se fija en un Plan «eminentemente social, con medidas dirigidas a personas en situación de emergencia habitacional, sostenible desde el punto de vista económico, que hace hincapié en la rehabilitación y en el apoyo al medio rural frente al urbano».
Así ha definido el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, un plan que desarrolla sus seis líneas estratégicas en 46 medidas y que contempla una previsión de gasto de entre 75 y 80 millones de euros.
Mazón lo ha definido también como «integral», ya que aborda todos los supuestos de alquiler, compra, rehabilitación y promoción y «coherente» con la planificación estatal.
Los objetivos del Plan son incentivar el alquiler como modo preferente de acceso a la vivienda; mejorar la calidad de lo edificado de Cantabria; impulsar el incremento del parque público de vivienda en alquiler; la movilización de la vivienda para su destino al alquiler; el fomento de la fijación de la población joven en el ámbito rural; potenciar las relaciones de la política de vivienda con el tercer sector; reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa y de los diferentes programas del Plan entre sí; potenciar la coordinación con los agentes privados en el desarrollo de las políticas de vivienda y contribuir a la reactivación del sector inmobiliario
El primer eje, de Emergencia Habitacional, establece como medidas el mantenimiento de la Oficina de Emergencia Habitacional e Intermediación Hipotecaria; el establecimiento de Protocolos de actuación en riesgo inminente de lanzamiento de vivienda habitual; de ayudas extraordinarias a familias en situación de emergencia habitacional; el alquiler social de viviendas del parque público y ayudas a la erradicación del Chabolismo.
En lo que respecta al apartado de ayudas directas y subvenciones, se contemplan ayudas al pago del alquiler a determinados colectivos, especialmente a personas en riesgo de desahucio y se establecen subvenciones al arrendador para la movilización de vivienda vacía.
También, en la rehabilitación de viviendas y edificios, se incluyen ayudas para la mejora de la eficiencia energética, accesibilidad, conservación y mejora de la seguridad y para la elaboración del informe de evaluación.
Se potencian especialmente las subvenciones a las entidades locales para la rehabilitación de edificios de titularidad pública; rehabilitación; urbanización y reurbanización de barrios; para el derribo y reconstrucción de nuevos edificios; ayudas al realojo y para equipos técnicos y de seguimiento de las actuaciones de renovación y regeneración.
Este segundo Eje también contempla ayudas a la promoción de viviendas en alquiler a 25 años, para mayores y personas con discapacidad, así como otras, destinadas a jóvenes para la adquisición de vivienda protegida y fijación de la población en el ámbito rural.
Se fijan reducciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 5 por ciento para la adquisición de vivienda habitual para jóvenes, familias numerosas o personas con una discapacidad superior o igual al 30 por ciento; del 5 por ciento en obras de rehabilitación; del 4 por ciento por adquisición de vivienda habitual a personas con discapacidad igual o superior al 65 por ciento. El impuesto de Actos Jurídicos Documentados se reduce en un 99 por ciento para jóvenes, familias numerosas o personas con una discapacidad superior o igual al 30 por ciento y en obras de rehabilitación.